Moncloa se aferra a "su" fiscal: "Que vaya a declarar"

Inédito en democracia. El próximo 29 de enero, a partir de las 10:00 horas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará en la condición de investigado por la filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Las implicaciones de esta declaración para el Gobierno son directas y está por dilucidar hasta qué punto llegan a serlo. Lo son ya en el ámbito discursivo y deberá aclararse si también en el judicial y probatorio. Al primer nivel, el presidente del Gobierno ha ligado su destino al de García Ortiz, mostrando en reiteradas ocasiones la "absoluta confianza" en "su fiscal" general del Estado, exigiendo incluso que le pidan disculpas aquellos que demandaron su dimisión. "La posición no ha cambiado. Absoluta confianza", confirmaban fuentes gubernamentales ante el salto cualitativo que da el procedimiento.

"Que vaya a declarar", resuelve un ministro en conversación con este diario, que lamenta que las actuaciones judiciales sigan marcando la agenda política. "Ya nada nos extraña", tercia otro que apunta que "se está persiguiendo a quien persigue el delito" y no a quien lo comete. En todo caso, la sensación en la Moncloa es de tremenda frustración porque, una vez, más el devenir judicial de este -u otro- caso ha empañado el gran acto en materia de Vivienda que tenía ideado el Gobierno para recuperar la iniciativa al inicio del año. Más allá de a actitud a la defensiva que exhiben fuentes gubernamentales, en privado, un sector del PSOE sí reconoce cierta preocupación por la vertiente de la investigación que ya apunta directamente a la Moncloa. "No hay una sola buena noticia", lamenta un dirigente de peso.

En concreto, el instructor señala en el auto que el correo en que el abogado del novio de Ayuso plantea una conformidad "circuló" de Fiscalía General a Presidencia del Gobierno antes de su publicación en "El Plural". Fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN temen que parte de la investigación -la que a día de hoy está decretada secreta- pueda acabar apuntando al Gobierno y, más allá, que pueda llegar a haber ministros implicados. En el desarrollo del procedimiento, se malician, se podría llegar incluso a llamar a declarar al hoy titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cuya jefa de Gabinete intercambió los mensajes de WhastApp de los que Juan Lobato dio fe ante notario.

Por su parte, en público, el Gobierno sigue manteniendo la tesis de que lo que hizo la Fiscalía General del Estado fue desmentir "un bulo, una noticia absolutamente errónea". En estos términos se ha manifestado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha asegurado que "no comparte" la decisión de citar como imputado al fiscal general. En su opinión, la única revelación de secretos sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue del director de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El ministro ha señalado que "la Fiscalía únicamente se limitó a referir que no había habido una propuesta de acuerdo" por su parte, "sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa de la persona investigada", la pareja de Díaz Ayuso. En su opinión, "el núcleo duro de la intimidad es si existe o no una causa contra la Hacienda Pública y eso quién lo filtró fue el entorno de la Presidenta de la Comunidad de Madrid".