El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tiene abiertos tres expedientes relacionados con la inmigración ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las incógnitas no despejadas fueron planteadas por un ciudadano que ha denunciado la «opacidad del Gobierno» respecto a los acuerdos con Estados Unidos y Alemania y sobre el reparto y condiciones de los subsaharianos –en su mayoría– llegados a las Islas Canarias por medio de cayucos a lo largo del año pasado. Cuestiones ignoradas hasta el momento.

Todo se remonta a abril de 2023, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores fue requerido por el mismo interesado, con preguntas concretas, acerca del convenio por el que España –y también Canadá– aceptaron acoger de manera temporal a inmigrantes que solicitan su entrada en EE UU mientras se tramita su solicitud, un acuerdo que escenificó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto con Joe Biden el 12 de mayo del año pasado.

Mediante una resolución sin fecha, el director del Gabinete del ministro José Manuel Albares inadmitió la solicitud original alegando que corresponde a «otros departamentos». El ciudadano se había dirigido en principio a esta cartera porque su titular se reunió en Washington, antes de la llegada de Sánchez, con su homólogo Antony Blinken para perfilar los detalles del acuerdo migratorio, aunque ninguno de los dos aportó datos sobre el número de inmigrantes afectados, ni desde qué centros se procesarían las peticiones o sobre el estatus migratorio una vez llegados a España, en nuestro caso.

Ante la falta de concreción en la respuesta de Exteriores sobre esos «otros departamentos», pero finalmente conocedor de que estaba directamente implicado y afectado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entonces a cargo de José Luis Escrivá, y hoy en manos de Elma Saiz, el reclamante se ha dirigido posteriormente a esta cartera por tres veces, siempre sin ninguna respuesta desde la administración.

En primer lugar, con fecha del pasado 7 de junio y a título particular, pidió el texto del acuerdo adoptado entre España y EE UU; fecha y lugar de las negociaciones; persona o personas que adoptaron y negociaron dicho acuerdo; las ventajas para España; los recursos públicos españoles que se destinarán; la previsión de personas que van a ser desplazadas y en qué localidades y comunidades autónomas se va a producir su ubicación; la información trasladada por el Gobierno a las regiones y municipios, así como todo el expediente administrativo del pacto.

Posteriormente, el 23 de octubre, llegó a la cartera de Inclusión otra solicitud de acceso a la información pública, esta vez acerca de los acuerdos que tenga España con Alemania sobre las deportaciones y desplazamientos y reasignaciones de población de inmigrantes irregulares o peticionarios de asilo desde aquel país hacia el nuestro, «así como el número de personas trasvasadas en esa dirección desde 2108 hasta la actualidad, año por año».

Finalmente, el 12 de diciembre hubo una tercera petición, en esta ocasión preguntando sobre el «reparto por toda la Península de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias desde África en cayucos en 2023, especificando el municipio de asignación, número de personas desplazadas a esos municipios; lugar de alojamiento y condiciones; plazos de alojamiento; identificaciones de esos irregulares hasta ahora; coste diario por cabeza de dicho alojamiento; departamento de ese ministerio que está contratando los hoteles, ONG y entidades que están gestionando dichos alojamientos y el día a día con los inmigrantes irregulares, así como los recursos públicos que se están destinando para tal fin».

Asimismo, urgía «aclaración» sobre «si se ha avisado a las autoridades locales de dichos desplazamientos; incidentes que se han causado en las reubicaciones; qué se va a hacer con esas personas una vez que pasen los periodos contratados con los hoteles e informes de impacto turístico, sanitario, de orden público y de todo tipo que haya para medir el efecto que tendrá en las localidades de asignación».

Ante la falta de respuesta en todos los casos, y transcurrido el plazo legal de un mes para que el órgano competente dé sus explicaciones, el ciudadano presentó reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con fechas del 20, 23 de diciembre y 26 de enero, a la espera de novedades que hasta el momento no se han producido. Un «ocultismo» que es «una vergüenza», en opinión del interesado.