La equiparación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es real. Por mucho que el Gobierno insista, las nóminas no cuadran. Los 807 millones “invertidos” no han sido suficientes para equiparar las retribuciones de policías y guardias civiles con mossos o ertzainas. Y si bien es cierto que se ha producido una “subida”, la brecha salarial sigue existiendo.

Este martes, salía a la luz que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo exigía al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, la entrega del expediente con todas las actas e informes de las auditorías sobre el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en marzo de 2018 y que se han negado a entregar a los agentes. Unos informes que siempre han estado bajo sospecha y rodeados de polémica y que asociaciones como JUCIL o AUGC han reclamado ante los tribunales.

Apenas un año después de rubricarse el acuerdo, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles exigieron ver esas auditorías, ya que no estaban de acuerdo con la cantidad destinada para cubrir el tercer y último tramo de la equiparación. Una cifra, 807 millones, que Interior defendía a capa y espada argumentando que era lo pactado y que así lo confirmaba la auditoría encargada a la empresa Ernest & Young, a los que pagaron 120.516 euros por su trabajo. Sin embargo, ante la insistencia de los agentes, Marlaska accedió a reunirse con ellos para informarles al detalle.

La auditora, obligada a ceñirse a los 807 millones

Esos detalles nunca llegaron, ya que se limitó a entregarles un CD e indicarles que la cifra acordada era la correcta, por lo que ponía fin al acuerdo de equiparación. Sobra decir que esos 807 millones no solo no eran suficientes, sino que se quedaban muy lejos de la cantidad necesaria para una "equiparación real" con los policías autonómicos. Pero el afán por ocultar esos informes fue lo que dio la voz de alarma. En ese CD había un apartado de "conclusiones" donde Ernest & Young manifestaba que "en su opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". Hay que recordar que esta auditora hizo un informe previo al presentado por Grande-Marlaska, que fue desestimado por Interior alegando que no habían tenido en cuenta la equiparación "puesto a puesto" y no se ajustaba al pliego de prescripciones técnicas. Una explicación que no convenció a los agentes, quienes acusaron al ministro de presentar una "auditoría a la carta".

En ese informe original, Ernest & Young explicaba que "existen determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en comparación con la correspondiente a los Mossos d'Esquadra que, de no haberse tenido en cuenta, habrían arrojado una cantidad superior". Los conceptos de los que habla son el plus de vestuario, el de acción social y el de residencia. Retribuciones que, de haberse excluido de la masa salarial utilizadapor la Secretaría de Estado para el cálculo, demostrarían que la cantidad de 807 millones suscrita en el acuerdo no sería suficiente para alcanzar la equiparación real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos o la Ertzaintza.

Sin embargo, en su segundo informe este hecho cambió completamente. En este segundo documento, la consultora externa aseguraba que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del acuerdo, eran "el marco total y absoluto" del que debía partir la auditoría. De este modo, certificaba que esa cantidad era "correcta" y "ajustada" a la realidad retributiva existente.

Pero la realidad y los datos muestran lo contrario. A día de hoy, un policía y un guardia civil siguen cobrando hasta 7.761,90 euros menos que un agente de los Mossos d’Esquadra al año.

Los distintos sindicatos y asociaciones recriminaron a Interior la vulneración de sus derechos y se preguntaron si pudo haber algún tipo de "presión" a la consultora para hacer un informe "a medida". Así, decidieron emprender acciones jurídicas, con el objetivo de averiguar si en el informe de la consultora se aplicaron "criterios profesionales" o si, por el contrario, hubo "injerencias o presiones" que lo hubieran condicionado.

Incumplimientos del acuerdo de equiparación

Más allá de la polémica suscitada por los informes contrarios de ambas auditorías, hay elementos clave que confirman que no se ha llevado a cabo una equiparación real y no se cumple con el acuerdo firmado en marzo de 2018. Así lo han denunciado distintos sindicatos policiales (JUPOL, SUP, CEP) y asociaciones de la Guardia Civil (JUCIL o AUGC, entre otras). Uno de estos incumplimientos afecta a la cláusula tercera del pacto que obliga al Ejecutivo a destinar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada. Sobra decir que el Gobierno ha hecho caso omiso de esta obligación, por lo que el tema ya está en los tribunales.

Tampoco han cumplido la cláusula octava de dicho acuerdo que establece que el Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Y nada más lejos de la realidad, ya que, a día de hoy, un policía y un guardia civil siguen cobrando hasta 7.761,90 euros menos que un agente de los Mossos d’Esquadra al año.