La defensa del novio de Ayuso insta al Supremo a ordenar a las operadoras telefónicas que no destruyan los datos del móvil de García Ortiz

La defensa del empresario Alberto González Amador insta al Tribunal Supremo (TS) a ordenar a cuatro operadoras telefónicas que conserven durante al menos 90 días los datos almacenados desde el 1 de marzo del pasado año de los móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de los otros dos investigados por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso: la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Además, quiere que se inste a las compañías a conservar también los datos almacenados de los móviles de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y de Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, del secretario de Estado de Comunicación Ion Antolín, de su antecesor Francesc Vallés y de Laura Sánchez Espadas, secretaria de Organización del PSOE de Madrid.

En un escrito dirigido al magistrado Ángel Hurtado -que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos- el empresario apremia al instructor a solicitar a la Unidad Central Operativa (UCO) que se encargue de llevar a cabo esta diligencia -con Movistar, Vodafone, Orange y Más Móvil- al efecto de impedir que, una vez se cumpla un año de esas comunicaciones clave en la difusión de los datos reservados del empresario Alberto González Amador, las compañías (que no están obligadas a guardar esa información más tiempo) procedan a "la eliminación de los datos automáticos conservados por los prestadores de servicios de comunicaciones".

De ahí que considere necesario que se les inste a la "conservación de todos los datos que en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones hayan acumulado de forma automática" desde el 1 de marzo de 2014. De esta forma, quiere arrojar luz a las comunicaciones del fiscal general y de los otros dos investigados, y las que se habrían mantenido desde Moncloa con Juan Lobato, exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Asimismo, la pareja de Ayuso quiere que el instructor reclame a la Unidad de Informática de la Fiscalía General del Estado y a los ministerios de Justicia y Hacienda la "relación de ocasiones que les conste" en las que desde el 8 de marzo del pasado año Villafañe y la jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, "hayan cambiado de dispositivo móvil", indicando "los datos de referencia de cada terminal (IMEI, número de serie y modelo)".

Del mismo modo, pretende que desde ambos ministerios se remitan al magistrado los móviles que hayan entregado por desuso Villafañe y la responsable de Comunicación desde el 7 de marzo de 2024. Aclarando, añade, si esos dispositivos "han sido formateados" y en caso afirmativo identificando a "la persona que haya procedido al formateo", la fecha en que se llevó a cabo y el software utilizado.

La defensa de González Amador quiere que se esclarezca, y así se lo pide al juez, si el archivo que reenvió por WhatsApp Sánchez Acera a Juan Lobato a las 8:29 del 14 de marzo del pasado año (con un pantallazo del correo en el que la defensa del novio de Ayuso proponía al fiscal un acuerdo de conformidad admitiendo el fraude tributario que se atribuye al empresario) "contiene metadatos que permitan saber el origen y tráfico (autor de la imagen y reenvíos) de dicho archivo o cualquier otro dato vinculado al mismo".

Esa batería de diligencias incluye la petición a David del Campo, director del Gabinete del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, "la voluntaria aportación de su teléfono móvil para que, igual que sucedió en el caso de Lobato -que entregó su teléfono al juez voluntariamente, la UCO "pueda elaborar un informe pericial sobre las comunicaciones relacionadas con los hechos objeto de instrucción" entre el 13 y 14 de marzo de 2024.

A falta de poder acceder al dispositivo de García Ortiz, la acusación particular señala que las comunicaciones de WhatsApp que mantuvo con Villafañe en relación a la supuesta filtración "se encontrarían en el terminal" del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, un teléfono que -asegura- "puede en cualquier momento poner a disposición del órgano al que nos dirigimos para colaborar con la investigación, lo que no ha efectuado hasta el momento".

Por esta razón, promueve que la UCO determine si el archivo de Word (con la nota de prensa de la Fiscalía publicada el 14 de marzo) que reenvía por WhatsApp García Ortiz a Pilar Rodríguez "contiene metadatos que permitan saber el origen y tráfico (autor y partícipes del archivo de Word y reenvíos) de dicho archivo o cualquier otro dato vinculado al mismo".