Los partidos no podrán recibir subvenciones sin un certificado del Tribunal de Cuentas

LA RAZÓN accede al borrador del plan de regeneración democrática. - El tesorero deberá comparecer cada año en la Comisión Mixta. - El patrimonio de los altos cargos será fiscalizado cuando dejen su puesto

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, presentó ayer a los grupos parlamentarios las líneas principales del paquete de reformas legislativas por la regeneración democrática que el Gobierno aprobará antes de fin de año para cumplir con uno de los mandatos del Congreso. Está pendiente desde el último debate del Estado de la Nación, del pasado mes de febrero, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anticipó un plan de lucha contra la corrupción que se concretó en una propuesta de resolución apoyada por la mayoría de la Cámara, con la excepción de PSOE e Izquierda Plural. No participaron del acuerdo utilizando como justificación el «caso Bárcenas». A la reunión de ayer no asistió ningún representante del PSOE ni de UPyD.

Nueve meses después, el Gobierno ha establecido un marco de reuniones con los grupos parlamentarios y les ha instado a que trasladen desde ya sus aportaciones para favorecer el consenso. En el documento repartido, el Ejecutivo plantea tres paquetes normativos: una nueva ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos; una ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, y nuevas medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

Como ya viene anticipando desde hace meses, este plan incluye propuestas como la regulación de la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos, su comparecencia anual ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas; el refuerzo de la revisión del Tribunal de Cuentas de las subvenciones de los partidos; la obligación de que todos los partidos publiquen en la web todas sus subvenciones y las donaciones superiores a la cantidad que se determine en el proyecto que estudie el Consejo de Ministros; la remisión de las cuentas de los partidos al máximo órgano fiscalizador en los primeros seis meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran; la unificación de los requisitos mínimos en adjudicación de contratos; y más controles para las fundaciones y asociaciones vinculadas, como la obligatoriedad de su inscripción en el Registro de Partidos.

El texto remitido a los grupos también detalla otras novedades como la clarificación del régimen sancionador del control de la actividad económica y financiera de los partidos. Tipificándose como infracción el incumplimiento de los límites o requisitos para percibir donaciones, la realización de actividades mercantiles, la falta de adecuación de los libros de tesorería y la falta al deber de colaboración. Todo atiende a unas recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

En esta reforma se establecerán además las sanciones pecuniarias para cada tipo de infracción, previéndose para garantizar su cobro efectivo la recaudación de las mismas en periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria. El Tribunal de Cuentas emitirá justificante de que un partido ha cumplido con su obligación de presentar las cuentas. Y el que no lo tenga se quedará sin subvenciones.

En cuanto a la nueva ley reguladora del cargo público, la propuesta del Gobierno incluye una codificación de los derechos y obligaciones y la clarificación del concepto de cargo público, ampliando el número de afectados por la normativa de conflictos de intereses. También amplía la publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales a todos los cargos públicos, que hasta ahora sólo afectaba al Gobierno y a los secretarios de Estado. Su patrimonio será fiscalizado por la Oficina de Conflictos de Intereses una vez abandonen su puesto. Las retribuciones deberán figurar en las normas presupuestarias y todos los cargos públicos deberán contribuir al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos. Es decir, no tendrán derecho a percibir pensiones de jubilación distintas de las previstas en cualquier régimen de protección social público.

La reforma delimita los gastos de representación, prohibiendo que la partida presupuestaria por ese concepto pueda ser modificada y también el uso de tarjetas de crédito.

Por último, el Gobierno concreta un nuevo régimen de sanción penal para los partidos políticos en materia de financiación ilegal, falsedad de cuentas y administración desleal de los fondos de los partidos. También propone a los grupos reforzar el tratamiento penal de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraudes y exacciones ilegales. Modificará la Ley de Contratos del Sector Público para ensanchar los supuestos de personas que no pueden acceder a la contratación pública y prohibirá a los condenados acceder a esa contratación, recibir subvenciones e incentivos fiscales. Todo esto completado con medidas para agilizar el procedimiento y reforzar las garantías en el proceso penal para que los condenados no se lucren con los efectos del delito.