Los 209 presos de ETA que Sánchez deberá acercar al País Vasco para tener el «sí» del PNV

El precio del apoyo de los nacionalistas al Gobierno: culminar el proceso de acercamiento de presos, transferencia de competencias y la reforma del Estatuto.

La convocatoria anticipada de elecciones había dejado en la sombra el traslado de presos etarras a centros penitenciarios vascos, línea roja que los nacionalistas vascos habían marcado para aupar a La Moncloa a Pedro Sánchez en la moción de censura. Ahora, el PNV –que ha tratado de no desvelar en esta última semana sus condiciones– volverá a poner el mismo precio en la mesa negociadora al «sí» de sus seis diputados para investir al presidente socialista: el acercamiento de los 209 etarras que cumplen condena en 41 cárceles situados en distintas provincias españolas.

La pretensión del separatismo vasco es que sean trasladados a la cárcel alavesa de Zaballa, una de las que cuenta con mejores y más modernas instalaciones, como paso previo a su excarcelación sin que tengan que cumplir la totalidad de las condenas.

El partido vasco juega con las mismas cartas presentadas ante el PSOE hace un año y sabe que –de consolidarse la investidura de Pedro Sánchez– sus exigencias pueden ver la luz, al no quedar ya desterradas por más convocatorias electorales a la vista. En la aritmética parlamentaria, los seis diputados del PNV se antojan imprescindibles bien se decante Sánchez por «la vía navarra» – abstención de los diputados de UPN a cambio de que Navarra Suma gobierne en la región foral–, por la «coalición Frankenstein» –los 173 síes, la abstención de Coalición Canaria y de los políticos presos– o por la abstención de PP o Cs.

A lo largo de la pasada legislatura, el Gobierno socialista procedió al acercamiento de una veintena de reclusos etarras a cárceles próximas al País Vasco, pero no de esta comunidad autónoma. Desde Interior se ha subrayado siempre que dichos traslados se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad penitenciaria; una vez que «ETA se ha disuelto y ha sido derrotada por el Estado de derecho, y siempre comunicados previamente a las asociaciones de víctimas». Los presos más «significados» dentro de la banda criminal siguen cumpliendo condena en centros lejanos al País Vasco, pero desde el separatismo vasco se exige que el traslado afecte a todos los reclusos, incluidos los que cometieron un mayor número de crímenes y deben cumplir condenas más largas.

En la prisión de Huelva se encuentran, entre otros, Javier García Gaztelu, «Txapote»; e Iranchu Gallastegui, su compañera actual y de «comando» en su día, condenados, entre otros crímenes por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. En el Puerto de Santa María están Henri Parot, autor del atentado contra la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, con el balance de once personas asesinadas, seis de ellas menores de edad; Julián Achurra Egurola, «Pototo»; y Jon Bienzobas, «Karakulo», que asesinó al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Y en Sevilla, Ignacio Aracama, «Macario», del «comando Madrid».

Más competencias

Esta no es la única exigencia que los nacionalistas vascos tratarán de poner sobre la mesa negociadora ahora. En posteriores encuentros el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, volverá a exigir la validación del nuevo Estatuto vasco acordado en 2018 con Bildu y que contaba con el apoyo en algunos puntos de Podemos y el rechazo de Partido Popular y PSOE. Impondrá al Gobierno que los socialistas vascos den luz verde a la reforma del Estatuto de Guernica. Según el texto impulsado se recoge –además del referéndum que tendría que ser tramitado en las Cortes generales– que los territorios de Vizcaya, un «nuevo sujeto político» con derecho a decidir, y tendrían una relación de bilateralidad con el Estado de tipo «confederal» y sin «subordinación».

En cuanto al traspaso de competencias, el PNV sigue incluyendo en el calendario de transferencia de competencias el de la Seguridad Social, rechazado por el PSOE en 2018. Volverán a insistir sobre transferencias pendientes como productos farmaceúticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por EREs, transporte ferroviario en líneas de Cercanías y FEVE, escuelas viajeras, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y Administración Institucional e Innovación Tecnológica.