Sigue la lluvia de reproches. No sirve la autoinmolación pública, ni el reconocimiento del error, ni la petición de perdón... En el PSOE hay quien quiere la cabeza del secretario de Organización, Óscar López, por el «caso Ponferrada» y no piensa cejar hasta cobrarse la pieza. Los hay que apuntan incluso más arriba, como el secretario general de León, José Antonio Díez, que exige la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario para que el PSOE «salga fortalecido» y con «un nuevo líder». Sus palabras denotan que lo que atraviesa el socialismo es mucho más que un episodio pasajero con una agrupación local, es una crisis estructural. Hay un profundo malestar con la dirección federal que recorre el partido de norte a sur y de este a este, que unos explicitan en voz alta y otros prefieren callar. Entre los primeros, siempre, sea cual sea el motivo de discordia, el secretario general de Madrid, Tomás Gómez: «En política no hay perdón, hay dimisión», afirmó ayer en relación a la polémica por la autorización del PSOE a la moción de censura con el voto de un ex concejal del PP condenado por acoso sexual, pero sobre todo por la decisión de Rubalcaba de no aceptar la renuncia de su número tres. Desde el PSOE de Burgos, su secretario general, Luis Escribano, se sumaba al coro de críticos que pedía dimisiones e invitaba a Rubalcaba a aceptar la renuncia de López: «Quien comete un error tan grave debe tener unas consecuencias».

Mientras, López, que no es diputado en el Congreso, decidió dar la cara ante los parlamentarios del PSOE en la reunión semanal del grupo para rendir cuentas. Lejos de amainar la tormenta, fueron varias las diputadas socialistas que expresaron su malestar y calificaron de «error garrafal» lo ocurrido en Ponferrada, un asunto que a juicio de varias «ha perjudicado gravemente la credibilidad del partido». La más beligerante fue Laura Seara, ex secretaria de Estado para la Igualdad, pero siguió su Rosa Aguilar, Leire Igleisas y un José Barreda, que tachó de «penosa» la gestión del número tres del PSOE , cuyo relato no se sostiene ni «ética ni polítcamente» . El secretario general de Castilla y León, Julio Villarrubia, desveló además que la Ejecutiva regional desautorizó la operación. López reconoció ante todos ellos por enésima vez el error.