Apenas 48 horas después de que las autoridades británicas sembraran dudas sobre la euroorden cursada para conseguir la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí, que llegaron a tachar de “desproporcionada”, con posterior rectificación, el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha remitido a Reino Unido información adicional para apuntalar los hechos por los que se reclama la puesta a disposición de la Justicia española de la ex consejera de Carles Puigdemont. En esa documentación complementaria, el instructor de la causa del “procés” recuerda que Ponsatí -a la que reclama por un delito de sedición- cedió en su calidad de responsable de Educación los centros de enseñanza para “que fueran utilizados como colegios electorales” del 1 de octubre de 2017. Y lo hizo, subraya, “pese a conocer la ilegalidad y la nulidad” del referéndum soberanista del 1-O, “que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos”, y con el objetivo de “conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente”.

Llarena enmarca la actuación de Ponsatí en el “plan seguido por el Gobierno autonómico de Cataluña y por miembros de su Parlamento autonómico para forzar y obtener la independencia” de Cataluña. Como integrante del Ejecutivo catalán, recuerda, firmó el 6 de septiembre de ese año el decreto de convocatoria de la consulta pese a conocer las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), hasta cuatro, “que habían declarado nulo el proceso”, desoyendo las advertencias efectuadas por el propio tribunal.

En cuanto a la cesión de los colegios, el magistrado del Supremo hace hincapié en que Ponsatí sabía ese 29 de septiembre de 2017 que el TC había suspendido el decreto de convocatoria y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a las Fuerzas de Seguridad “que procedieran al cierre de los centros de votación e impidiera la celebración del referéndum”.

Y lo hizo además, añade, solo un día después de que la cúpula de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, advirtiese a Puigdemont en el Palau de la Generalitat de que “de celebrarse el referéndum se preveía y era probable una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como efectivamente ocurrió”.