La Policía detiene a Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans

El actual dueño de Nueva Rumasa y del grupo turístico Viajes Marsans, el empresario valenciano Ángel de Cabo, ha sido detenido hoy en Valencia por la Policía en la misma operación en la que ha sido arrestado el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, han informado a Efe fuentes policiales.

De Cabo está especializado en la compra de empresas quebradas y en septiembre de 2011, formalizó con los Ruiz-Mateos una escritura para elevar a públicos diecinueve contratos privados de compraventa de sociedades españolas de Nueva Rumasa, todas ellas con capital en Belice salvo una, a un precio de un euro cada una.

El pasado 11 de enero, el exabogado de Nueva Rumasa Joaquín Yvancos aseguraba, en la querella presentada contra siete de los hermanos Ruiz-Mateos y Ángel de Cabo, que desde las oficinas de éste en Valencia se habrían falsificado avales y se pretendería hacer lo mismo con pagarés.

De Cabo ha sido detenido en Valencia y la Policía ha comenzado el registro en unas oficinas del empresario situadas en esta provincia. En la operación policial han sido detenidas nueve personas y se han llevado a cabo registros en varias provincias españolas.

El expresidente de la CEOE y antiguo copropietario de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido detenido esta mañana en su domicilio madrileño y conducido después a dependencias policiales.Díaz Ferrán ha sido arrestado por un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes policiales y judiciales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, se ha hecho cargo de esta operación. Los antiguos gestores del Viajes Marsans se enfrentan ya a varias querellas por su presunta mala gestión al frente del conglomerado y a otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de fondos.

La última es la que han presentado en la Audiencia las empresas Orizonia, Pullmantur, Meliá y AC Hoteles, que reclaman 40 millones a los querellados, a los que acusan de un presunto delito de fraude procesal y alzamiento de bienes al entender que ocultaron parte de su patrimonio con el fin de evitar posibles embargos.