La Audiencia Nacional ha ordenado hoy a la juez Carmen Lamela que investigue si 76 presos de ETA usaron documentos falsos para inscribirse en la Universidad del País Vasco (UPV) y la UNED para obtener redenciones, ante las sospechas de que pudiera tratarse de una "práctica concertada".

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tendrá que investigar finalmente, como reclamaban la Fiscalía y Covite (el colectivo de víctimas del País Vasco)si 76 presos de ETA usaron documentos falsos para inscribirse en la Universidad del País Vasco (UPV) y la UNED para obtener redenciones de sus condenas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal corrige así a la magistrada, que en diciembre decidió archivar la denuncia de Covite al reducir la trascendencia penal de los hechos a un posible delito de falsedad, del que no es competente la Audiencia, por lo que devolvió el procedimiento al Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, por ser éste «el juzgado territorialmente competente».

Las actuaciones bajo sospecha, subraya la Sala, «podrían constituir un delito de terrorismo», cometido no por los reclusos, sino «por aquellas personas que hubieran facilitado tales documentos» sabiendo que de esa manera «conseguían de forma fraudulenta la libertad anticipada de las condenas», «auxiliando así a la organización, al conseguir que muchos de sus integrantes quedaran indebidamente en libertad» (beneficiándose de la reducción de sus penas por estudios).

Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel aprecian de hecho indicios de la posible existencia de «una práctica concertada en la facilitación de los certificados expresados, y que se ha realizado desde fuera de las instituciones penitenciarias, con la finalidad de colaborar con la organización terrorista ETA». Ese comportamiento, añade la Sala, «constituye como mínimo» un delito de colaboración con organización terrorista, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional, al contrario de lo que defendía Lamela.

Por este motivo, la Audiencia insta a la magistrada a solicitar a la Guardia Civil un informe sobre los hechos denunciados y la presumible existencia de «posibles conexiones (...) en la obtención de la documentación supuestamente falsa».

Lamela se quejó de que tanto Covite como la Fiscalía omitiesen «toda referencia a la identidad de las personas» que pudiesen haber facilitado los falsos documentos a los presos etarras, pero la Sección Cuarta precisa que no es necesario esa identificación, «que podrá determinarse con la práctica de diligencias de investigación».