La Abogacía del Estado reclama 6.000 euros a la familia de un militar asesinado por ETA

Pese a que la sentencia reconoce «errores judiciales», la familia del militar asesinado por ETA Jesús Velasco Zuazoela ha sido condenada a pagar las costas del juicio.

El militar Jesús Velasco Zuazola fue asesinado por ETA en Vitoria en enero de 1980. Ahora, su familia recibe un requerimiento de la Abogacía del Estado para que abone 6.000 euros en concepto de costas por una demanda patrimonial que presentó contra el Estado. Demanda que llegó después de que comprobaran que, debido a «graves negligencias» judiciales, los dos autores del asesinato -Lorenzo Ayestarán y Gracia Arregui- no fueron procesados por este crimen. Además, se da la circunstancia de que Ana María Vidal-Abarca, esposa del asesinado y demandante junto con sus cuatro hijas, falleció el pasado mes de junio.

La demanda se desestimó en octubre de 2014 tras casi cuatro años de periplo judicial con el argumento de que «no se ha producido mal funcionamiento de la justicia» pero sí admite que hubo «error judicial». Para que la Administración reconozca asuma su responsabilidad la ley exige que éste se haya reconocido en una declaración judicial previa y que la reclamación se realice en un período de tres meses. Puesto que ambas condiciones no se cumplen, la Abogacía del Estado requiere ahora a la familia el abono de las costas.

La familia ha explicado que ellos siempre creyeron que la única circunstancia que había impedido el enjuiciamiento de Lorenzo Ayestarán por el asesinato de Jesús Velasco era que no estaba a disposición de la justicia, ya que que llevaba 27 años huido en Venezuela . Sin embargo, cuando fue detenido en Francia en 2010 e iniciaron las gestiones legales para personarse en el procedimiento, comprobaron con estupor que no estaba procesado a pesar de que existía un escrito de acusación de la propia Fiscalía contra uno de los autores del asesinato de Velasco, Ignacio Aracama en el que el fiscal sostenía que Aracama, «Fanecas» -alias de Lorenzo Ayestarán- y «Pana» habían decidido matar a Velasco. El fiscal llegó a decir que fue «Fanecas» quien remató al comandante introduciendo la pistola por uno de los agujeros que habían quedado en el parabrisas y volvió a disparar.

«Una sucesión de omisiones y negligencias han llevado a Ayestarán a la impunidad más absoluta por unos hechos sobre los que existían clarísimas evidencias acerca de su participación», señalaba la familia en la demanda. Además, el etarra Gracia Arregui, que también participó en el crimen y para quien la fiscalía solicitaba 27 años de prisión, tampoco será juzgado por estos hechos ya que a pesar de que fue detenido en Francia tres meses antes de la prescripción del delito, se pospuso el trámite de la petición de extradición por un error gramatical en el apellido y cuando se libró la comisión rogatoria a Francia para interrogarle ya se había producido la prescripción.

Las hijas del militar asesinado se sienten profundamente decepcionadas por el trato recibido por parte de la justicia española. Así, han presentado ante la Audiencia Nacional un escrito de impugnación a las costas que les imponen, que tachan de excesivas, y proponen la cifra de 1.000 euros. En este sentido, alegan que su reclamación contra el Estado se debe a la «inacción de la administración de justicia a la hora de juzgar a unas personas, miembros de la organización terrorista ETA, sobre las que existían indicios fundados de haber sido autores del asesinato de su padre y que han quedado impunes por ello».

«La sentencia de la Audiencia Nacional desestimando nuestra demanda simplemente busca resquicios legales para eludir su responsabilidad ya que reconoce los hechos: la no imputación y la no petición de extradición de dos criminales, y sólo intenta eximirse de las consecuencias de sus actos. Estamos atónitas ante esta actitud y ante la falta de sensibilidad de pretender que paguemos las costas por haber reclamado al Estado que cumpla con su obligación», manifestaba Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del militar asesinado.