Enmarca su proyecto político «en una lectura amplia, progresista y extensiva» de la Constitución

A menos de una semana del comienzo de la campaña electoral del 21-D, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros siete ex consellers en prisión dieron ayer el primer paso de su particular contrarreloj procesal para intentar salir de la cárcel. Las defensas de todos ellos –y las de los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis»– han pedido ya declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la «macrocausa» contra el «procés» para intentar convencerle de la inexistencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva. En esas alegaciones, Junqueras y los antiguos consellers de ERC acatan expresamente el artículo 155, «desde la más profunda discrepancia política y jurídica», y, si bien no se comprometen con claridad a defender la independencia de Cataluña cumpliendo la legalidad, sí recalcan su apuesta por «la negociación y el diálogo» dentro de vías «estrictamente pacíficas y democráticas» y en el marco de una «lectura amplia, progresista y extensiva» de la Constitución.

Asimismo, piden a Llarena que valore el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría cuando comparecieron en la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre, en esta ocasión los investigados (a excepción de Meritxell Borràs) son candidatos y reclaman su derecho a la participación política.

Sus abogados solicitan, además, la declaración ante el juez de los investigados, pero ceñida exclusivamente a ratificar «los términos de su voluntad de actuación futura» (para conjurar los motivos que apreció la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para acordar su prisión incondicional) y no en relación a los hechos objeto de imputación.

Para despejar cualquier duda, Junqueras y el resto de ex consellers republicanos reiteran su acatamiento del 155 hasta en tres ocasiones. Y aunque entienden que ese mecanismo constitucional no avalaba su cese optan por «acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos».

Para despejar cualquier duda sobre la posible reiteración delictiva, aseguran que defenderán la independencia «por vías estrictamente pacíficas y democráticas» en pos de «un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña». Para ello reclaman «negociación y diálogo».

La defensa de Junqueras recuerda al magistrado que él mismo valoró –en la resolución en la que acordó la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros de Carme Forcadell el pasado día 9– el hecho de que los querellados no hubiesen huido como Puigdemont como indicio de que el riesgo de fuga desaparece o se difumina.

Como candidatos en las próximas elecciones autonómicas, subraya el letrado, «en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña» y a ejercer en igualdad de condiciones su derecho a la representación política. Para la defensa de Junqueras, por parte de los ex consellers existe «una evidente voluntad de sometimiento» a la Justicia pues su condición de candidatos es «un elemento indiscutible de arraigo» y de ausencia de riesgo de reiteración delictiva.

Del mismo modo, según fuentes jurídicas la defensa de los ex consellers del PDeCAT Jordi Turull y Josep Rull también han pedido su puesta en libertad, la anulación de la fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros impuesta por Lamela y la declaración en el Supremo si Llarena lo considera oportuno.