El juez suspende sin fecha la declaración de Marta Rovira en el "caso Tsunami"

Marta Rovira no declarará finalmente mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por videoconferencia en relación a su presunta responsabilidad en Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que convocó en 2019 las protestas callejeras contra la sentencia del "procés", entre ellas la toma del aeropuerto del Prat o el bloqueo de la AP-7 en La Junquera.

El instructor citó a Rovira y a otras ocho personas imputadas por terrorismo para que comparecieran telemáticamente desde los juzgados de Barcelona, pero ni la secretaria general de ERC ni otros dos investigados, el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ni el empresario Oriol Soler tendrán que comparecer. El primero, por motivos de salud, y los otros dos porque sus defensas ya tenían señalados en la misma fecha actos procesales en otros procedimientos.

Esta es una de las causas abocadas al archivo -a expensas de lo que decida finalmente la Justicia europea- una vez entre en vigor la ley de amnistía, que el próximo día 30 pasará su último filtro en el Congreso de los Diputados.

El pasado jueves, según las fuentes consultadas, el abogado de Rovira solicitó la suspensión de la declaración por este motivo, y tras recibir esa petición García Castellón le requirió para que aportara el señalamiento por escrito. Tras cumplir con ese trámite, García Castellón ha dado su visto bueno en una providencia en la que acuerda "suspender sine die" la declaración de la dirigente republicana. Además de Rovira, el instructor citó a otros siete investigados por videoconferencia, una cifra que ahora se reduce a cinco.

Rovira intentó sin éxito que el juez de la Audiencia Nacional le permitiese declarar desde Suiza, pero García Castellón se opuso porque, según expuso, autorizar esa petición acarreaba demorar la tramitación de la causa.

El objetivo de la videoconferencia, recordaba el magistrados, es "agilizar el curso de las actuaciones evitando los retrasos" (cuando el desplazamiento de los imputados a la sede judicial es "gravoso o imposible de llevar a cabo con inmediatez"). Su eficacia reside, por tanto, en que se pueda llevar a cabo con celeridad, "lo que sucede cuando se utiliza en el territorio nacional", por lo que insistió en que su comparecencia debía llevarse a cabo en los juzgados de Barcelona, una vez constatado que el domicilio de Rovira (huida a Suiza desde 2018) "se halla en Barcelona".

Según expuso el magistrado, para que la dirigente de ERC pudiese declarar desde Suiza habría que tramitar una comisión rogatoria internacional a las autoridades helvéticas, algo que -aventuraba- "dilataría las actuaciones de manera indeseada e innecesaria, obteniéndose el resultado opuesto" al que persigue el empleo de medios telemáticos.

El Tribunal Supremo también investiga a Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg, también huido a Suiza, por su supuesta responsabilidad en Tsunami Democràtic, a quienes la magistrada Susana Polo ofreció (dada su condición de aforados, que obligaría a recabar el suplicatorio del Parlamento Europeo y del Parlament, respectivamente) la posibilidad de declarar por videoconferencia de forma voluntaria entre el 17 y el 21 de junio. La Sala Penal del alto tribunal apreció indicios suficientes para investigar por terrorismo al expresident tras recibir una exposición razonada (con la relación de indicios contra Puigdemont) de García Castellón, incapacitado legalmente para imputar a ambos por su condición de aforados.