Amalia de Querol, hija del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, asesinado por ETA el 30 de octubre de 2000, se ha personado como perjudicada en la investigación que mantiene abierta el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra los terroristas que formaban parte de la cúpula de ETA en el momento del atentado.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la hija del magistrado de la Sala Militar del alto tribunal traslada al instructor -quien le ofreció personarse en el procedimiento tras admitir a trámite la querella de Dignidad y Justicia (DyJ) contra once exdirigentes etarras- su propósito de ejercer la acusación particular (a través de la abogada de DyJ Vanessa Santiago) "contra todo aquel que resulte penalmente responsable" del asesinato de su padre, un atentado en el que también resultaron muertos su chófer y escolta y un conductor de autobús de la EMT.

Pedraz tomará declaración precisamente mañana a cuatro antiguos dirigentes de ETA -entre ellos el que fuera jefe "militar" etarra Javier García Caztelu, "Txapote",- y otros tantos exintegrantes de la organización terrorista en relación a este asunto. En diciembre de 2021, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella contra once exdirigentes etarra, pero no fue hasta casi un año después cuando los citó a declarar como imputados, unas comparecencias que terminó aplazando in extremis a la espera de recibir los informes policiales pendientes sobre la composición de la Zuba o comité ejecutivo de ETA y del "comando Buruhauste", autor de la acción criminal, en la fecha del atentado.

Declaraciones desde prisión

Finalmente, y ya con esos informes en su poder, Pedraz fijó para esta semana los interrogatorios a los entonces responsables del "comando" -"Txapote", Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica- y a los supuestos integrantes del "comando Buruhauste": Ana Belén Egüés, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach, Iván Apaolaza y Oier Goitia (el único que se encuentra en libertad). Todos salvo este último (citado en los juzgados de San Sebastián) declararán por videoconferencia desde la cárcel de Álava, donde cumplen condena.

La Jefatura de Información de la Guardia Civil sitúa a ocho de los once querellados en la cúpula etarra cuando se cometió el atentado. Según puso de relieve en un informe, formaban parte de su comité ejecutivo Mikel Albisu, «Mikel Antza» («aparato político»); Vicente Goicoechea, «Willy» (su mano derecha); María Soledad Iparraguirre, «Anboto» (encargada de las finanzas de ETA y de los «zulos»); Asier Oyarzábal, «Baltza» («aparato logístico»), Ramón Sagarzazu («aparato internacional») y Javier García Gaztelu, «Txapote», como responsable del «aparato militar» junto a Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica. Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», fue detenido en septiembre de 2000 (un mes antes del atentado), por lo que ya no formaba parte de la dirección de ETA cuando se produjo el asesinato del juez Querol. El Instituto Armado tampoco incluye en la dirección etarra en esas fechas a Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi».