Granados y González se enfrentan a otra citación por la financiación del PP

Velasco la aplazó para no entorpecer la «operación Lezo» y ahora deberá decidir García Castellón.

El magistrado Manuel García Castellón se incorpora hoy al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por lo que a partir de ahora se convertirá en el nuevo instructor de los casos «Púnica» y «Lezo», hasta ahora en manos del juez Eloy Velasco (quien según fuentes jurídicas reforzará a su sustituto hasta el próximo 31 de julio, tal y como ha solicitado con el visto bueno del propio García Castellón). Sobre la mesa, alrededor de 80 procedimientos abiertos (a los que hay que añadir extradiciones, órdenes europeas de detención y comisiones rogatorias) y cerca de 70 citaciones de investigados pendientes de acordar vinculadas a la «trama Púnica». Entre ellas, dos muy significativas: las del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, actualmente en prisión por el «caso Lezo», y el ex consejero Francisco Granados, que abandonó la cárcel el pasado día 14 tras abonar los 400.000 euros de fianza que le impuso el juez Velasco.

Velasco tenía pensado citarles a declarar como investigados en el marco de la pieza separada que abrió el pasado mayo (la número 14) en el «caso Púnica» para indagar en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, pero según fuentes jurídicas el magistrado no quiso entorpecer el desarrollo de la «operación Lezo», en esas fechas en plena efervescencia judicial.

El hasta ahora instructor del «caso Púnica» quería interrogarles en relación a los 4,8 millones de euros de sobrecostes sin justificar de las campañas electorales del PP en 2007 (que registró un exceso de gasto de 2,6 millones), 2008 (685.000 euros) y 2011 (1,5 millones).

En esta pieza, Velasco ya tomó declaración, entre otros, al ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; a José Ignacio Echevarría, ex presidente de la Asamblea de Madrid y ex tesorero del PP regional; al empresario Arturo Fernández y a otros cuatro empresarios señalados por Anticorrupción como donantes del PP de Madrid, que se negaron a declarar.

El magistrado –que fue designado para integrar la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional– cree necesario interrogar a Granados y González, en su calidad de ex secretarios generales del PP de Madrid, sobre diversas entradas y salidas de dinero a empresas sospechosas de financiar ilegalmente esas tres campañas electorales (sobrepasando los límites de gasto marcados por la ley) y en relación a la supuesta facturación falsa para amparar estas conductas. «González se hizo cargo del “marrón” de la financiación del PP madrileño (a partir de noviembre de 2011) cuando Granados dejó el cargo», según fuentes de la investigación. Y es que la instrucción de la causa apunta a que en un primer momento el PP regional utilizó supuestamente algunas consejerías para allegar fondos irregulares para fines electorales (vinculados, por ejemplo, al 1% reservado a publicitar los nuevos hospitales o centros de salud), «posteriormente se dieron cuenta de que la financiación era más fácil a través de entes públicos como la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) o el Canal de Isabel II, que no estaban sujetas a la Ley de Contratos Públicos».

Granados y González no están imputados en la citada pieza separada, pero a expensas de lo que decida García Castellón previsiblemente tendrán que ser citados como investigados, insisten esas mismas fuentes, no antes de noviembre (Velasco ya señaló más de medio centenar de comparecencias del «caso Lezo» en septiembre y octubre próximos).

Aunque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil vinculó en dos informes a la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, con supuestas irregularidades con la adjudicación a una empresa de Arturo Fernández de la gestión de la cafetería de la Asamblea, fuentes jurídicas la desvinculan de esa financiación bajo sospecha. «No hay ningún indicio de que Cifuentes se pringara con los empresarios o pidiera dinero», precisan a expensas del análisis de la documentación intervenida.