El Gobierno concedió 3.735 beneficios penitenciarios con informes en contra

El Gobierno concedió 3.735 progresiones de grado y beneficios penitenciarios en contra del criterio de prisiones desde 2018 hasta hoy. Así lo confirman el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Congreso después de que el pasado 13 de febrero registraran una interpelación por escrito donde reclamaban saber el número exacto de beneficios penitenciarios que se efectuaron en contra de las Juntas de Tratamiento, un dato que reclamaban «desglosado», algo a lo que el Ejecutivo no ha querido responder.

Esta cifra da cuenta del número total de convictos que gozan de libertad a pesar del riesgo que pudiera suponer.

Un ejemplo son el número de miembros de ETA que se han visto beneficiados por las progresiones de grado. En este caso, la propia red de presos etarras, Sare, aseguró que la Audiencia Nacional revoca una de cada cuatro progresiones al tercer grado aprobadas para presos de la banda por el Gobierno Vasco. Esto supone que el 24 por ciento ha sido rechazada por los jueces, de manera que quedan sin efecto.

Pero no solo los miembros de ETA obtienen progresiones de grado en contra de los informes de las Juntas de Tratamiento.

Instituciones Penitenciarias, el órgano directivo del Ministerio del Interior encargado de la gestión de las cárceles españolas, concedió el tercer grado a Francisco Javier Almeida, el asesino del niño de nueve años de Lardero (La Rioja), quien había salido en libertad pese al informe desfavorable que emitió la Junta de Tratamiento de la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), donde cumplió 21 años de condena por el denominado «crimen de la inmobiliaria». De haberse tenido en cuenta dicho informe, el menor de Lardero posiblemente no habría sido asesinado. Fue entonces cuando se conoció que Interior paga un «plus de productividad» a los directores de las cárceles por conceder a los presos el tercer grado, un incentivo económico que puede ascender hasta los 2.000 euros anuales, según el criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de manera que se otorgaban dos puntos a aquellos centros donde los terceros grados fueran del 60% de los reclusos. Si el porcentaje estaba entre 40 y el 60%, se otorgaba un punto y medio.

La diputada del PP en la Comisión de Interior en el Congreso, Ana Vázquez, asegura que desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior «llevamos criticando su política de buenismo» penitenciario. «Mientras crece la criminalidad en España, es inaudito que se vacíen las prisiones». «Es inadmisible en una democracia que el Gobierno vaya en contra de las Juntas de Tratamiento de las Prisiones para favorecer a criminales. Estos miles de casos se unen los 95 traslados de presos de ETA que también se hicieron en contra», recuerda.

Y es que, mientras, los funcionarios de prisiones sufren violencia cada día. En 2023, 508 de estos trabajadores fueron agredidos, un 12 % más que en 2022, y aún no se les reconoce como "agentes de la autoridad". El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición de ley con el objetivo de que «a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones», les sea reconocido el «carácter de agentes de la autoridad».