Fabra pide la baja en Génova tras ser condenado por fraude

El ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, no esperó a que el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular actuase y solicitó ayer su baja como militante del PP. Lo hizo pocas horas después de que se hiciese pública la sentencia que dicta que defraudó a Hacienda más de 600.000 euros. Por el contrario, afirma que no cometió cohecho ni tráfico de influencias. Por estos delitos fiscales condena a Fabra a cumplir cuatro años de prisión –uno por cada delito–, a pagar una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con esta misma cantidad, que es la que no declaró durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003, más intereses. A su ex esposa, Amparo Fernández, se le castiga con dos años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública y a una multa de 273.761,39 euros, cantidad que también deberá devolver con intereses.

La sentencia, de cien páginas, no considera probado que el ex dirigente usase su cargo para favorecer la comercialización de los productos fitosanitarios comercializados por Naranjax. Esta empresa pertenecía a un amigo suyo, Vicente Vilar, que fue el que presentó la querella que dio lugar al proceso. Vilar, su ex mujer Monserrat Vives y el ex senador del PP, Miguel Prim, también resultaron absueltos de cohecho y tráfico de influencias. La decisión de la Audiencia de Castellón llega diez años después de que Vilar interpusiera la primera denuncia. Paradójicamente el tiempo transcurrido es una de las circunstancias que se han considerado atenuantes. Ocho jueces asumieron este caso antes que Jacobo Pin, el instructor que llevó al ex dirigente popular a sentarse en el banquillo. La sala considera que existe suficiente documentación y pruebas periciales para concluir que tanto Fabra como su ex esposa eludieron sus obligaciones con el fisco. La sentencia señala que entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004 ambos realizaron un elevado número de operaciones bancarias en sus cuentas. La mayoría fueron ingresos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con las rentas declaradas. Uno de los ejemplos citados es el de la renta declarada en 1999. Fue de 60.000 euros, pero sus cuentas sumaron 774.000 euros. «El desfase sigue siendo tremendo», aun teniendo en cuenta los ingresos por venta de inmuebles o los premios ganados en lotería. Así, el fraude fiscal es el delito que pone punto final a una carrera política de la que Fabra comenzó a apearse hace tiempo. Anunció ayer que la recurrirá y que no tiene dinero para pagar la multa. En julio de 2012 Javier Moliner le relevó al frente de la presidencia del PP en Castellón. Aseguró que la renuncia no estaba forzada por su imputación, sino que respondía a una decisión personal. La de más peso, el transplante de hígado al que se sometió. En marzo de este año, cuando se decretó la apertura de juicio, dimitió como presidente de la empresa pública del aeropuerto de Castellón (Aerocas). A día de hoy todavía ostenta la presidencia de la Cámara de Comercio de Castellón. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió que la última sentencia aún no se ha dictado, pero remarcó que Carlos Fabra hace tiempo que no tiene responsabilidad orgánica.