Constata que en el caso de los pagos a FCC por el servicio de limpieza no se aprecia "supuesto alguno de responsabilidad contable".

El Tribunal de Cuentas del Estado ha archivado la investigación sobre las presuntas "irregularidades"en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, a la empresa FCC, al considerar que "en el momento en el que nos encontramos" no se aprecia "supuesto alguno de responsabilidad contable".

La investigación abierta en su día por el Tribunal de Cuentas se centraba en las presuntas "irregularidades"que, según la apreciación inicial del fiscal jefe del organismo fiscalizador, existían en el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos adjudicado por el Ayuntamiento de Vitoria a la empresa FCC por un importe de 160 millones de euros.

Aquel contrato fue prorrogado el 27 de junio de 2014, con Maroto como alcalde de la capital alavesa, por un periodo de un año. El fiscal del Tribunal de Cuentas consideraba en el escrito que dio lugar a la apertura de la investigación que aquella prórroga se adoptó pese a que FCC tenían "pendientes"de ejecutar trabajos por un valor que los técnicos municipales estimaron en 820.846 euros.

A raíz del inicio de esta investigación, Maroto remitió al tribunal de cuentas diversa documentación para justificar que no existían trabajos pendientes de realizar por parte de la empresa.

Tras analizar la documentación remitida por el actual vicesecretario de Política Social del PP, el fiscal José Angel Serrano Ruiz constata --a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press-- que "han sido realizadas todas las prestaciones contratadas".

De esa forma, añade que las "irregularidades"han sido "subsanadas"y que no se aprecia "menoscabo de fondos públicos", por lo que solicita el archivo de la causa.

La posición del fiscal queda ratificada a través de un auto de la consejera de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas Maria Antonia Lozano, que decreta el archivo de la causa "al no apreciarse, en el momento en que nos encontramos, y a la vista de la (prueba) documental obrante en las actuaciones, supuesto alguno de responsabilidad contable".

Ep