PP y PSOE dejarán «dormir» la comisión territorial hasta el 21-D

El PP acude a la comisión con ánimo constructivo” a evaluar el modelo autonómico pero “no a sustituirlo”, a “fortalecer el Estado, no a debilitarlo”

La comisión territorial que ayer se activó en el Congreso echó a andar afectada ya de partida por el preacuerdo implícito entre los dos principales partidos, PP y PSOE, de dejarla paralizada hasta ver qué pasa en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Las dos partes confirmaron a este periódico que hasta después de esos comicios no hay margen para hacer nada, por lo que tampoco impulsarán sus trabajos ni presentarán informes, y una vez que pase el 21-D habrá que ver qué tablero político queda en Cataluña y qué consecuencias tiene a nivel nacional. «Perfil bajo» para un órgano de debate político del que el resto del arco parlamentario, incluido el partido de Albert Rivera, se ha desvinculado por razones distintas.

Además de las ausencias y de las reservas, el PSOE se encontró ayer con el inconveniente del jarro de agua fría sobre su iniciativa que le echó el PP, partido que aprovechó la sesión constitutiva para subrayar en letras mayúsculas que no participa en esta comisión con la idea de reformar la Constitución. Así, lo que se había entendido como un intercambio de «cromos» entre populares y socialistas, dentro de la negociación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, quedó todavía más amputado. Para el PP, debe ser un marco de debate sobre el modelo territorial. El PSOE, sin embargo, asegura que pactó con los populares que fuera la base de los trabajos que deben concluir en una modificación de la Carta Magna, bajo la inspiración de la revisión federal que propugnan.

Sin Unidos Podemos ni los nacionalistas e independentistas, cualquier debate que se afronte en este órgano parlamentario nacerá huérfano del consenso necesario para sacar adelante una futura modificación de la Constitución. Y el resultado del 21-D, si se cumplen los pronósticos y tiende hacia una mayoría de ERC que se mire en la reedición, con todas sus variantes, del tripartito, sólo puede servir, en todo caso, para alejar al PP de impulsar una modificación en el modelo territorial por sus profundas discrepancias con los plantemientos «de la alianza del Esquerra y los socialistas catalanes». De momento, el pasado mes de octubre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunciaba un pacto con el presidente del Gobierno para activar el artículo 155 y abrir, al mismo tiempo, el debate de la reforma constitucional en el Congreso. El primer paso era esta comisión, y en seis meses se crearía una segunda para estudiar la modificación de la Carta Magna. Ayer, el PP, con el secretario del Grupo Popular en la Cámara como portavoz, Antonio Bermúdez de Castro, anunció: «No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución».

El partido de Rajoy empieza a prepararse para un nuevo escenario, tras unas elecciones catalanas en las que da por descontado que si las cifras lo permiten se producirá un acercamiento del PSC a Esquerra y a la alianza de Ada Colau con Pablo Iglesias. Y si el jefe del Ejecutivo nunca ha sido partidario de abrir la reforma constitucional, aunque le haya hechos guiños políticos limitados a ratificar su disposición a hablar y debatir, el margen para los trabajos puede que se acorte notablemente. Ciudadanos (Cs) también confirmó ayer que acude a la comisión desde una posición totalmente escéptica. Dentro de la tensión y competencia política electoral entre PP y Cs, los dos partidos están convencidos de que más allá del debate, en lo que quede de esta legislatura no hay espacio para avanzar en una modificación de la Constitución. La diferencia es que el PP no hace bandera de este asunto, mientras que Cs sí hace suya esta reivindicación, pero en un sentido que tiene poco que ver con los planteamientos que se le han escuchado hasta ahora al PSOE. Y si entre los tres principales partidos no hay acuerdo, la distancia con independentistas o con el partido de Iglesias es galáctica.

Ayer se eligió como presidente de la comisión al socialista José Enrique Serrano, quien abogó por hacer cambios en el Estado autonómico que exigen cambios en la propia Constitución. El PP respondió: «No participamos en este foro con la idea preconcebida de cambiar la Constitución para contentar a una minoría. En España no existe un problema de autogobierno. Nuestra idea es reforzar la cohesión territorial y la cooperación entre las comunidades autónomas».