El Gobierno deja en manos de los tribunales el futuro del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de quienes eran sus consejeros, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras. «Están descolocados. Seguro que intentan armar alguna, pero ahora tienen que recomponerse para las elecciones, y pueden encontrarse con que eligen cabezas de cartel que saltan por decisión de los tribunales antes de que se celebren los comicios». La respuesta oficial a la declaración institucional de Puigdemont fue recordar que había sido cesado a todos los efectos y que desde este momento «la calificación de sus conductas corresponden al ámbito judicial». «El Ejecutivo espera que las nuevas elecciones en Cataluña permitan devolver la dignidad a las instituciones ante el deterioro que han sufrido durante el Gobierno de Puigdemont». Ya fuera del circuito oficial, Moncloa mira a la Fiscalía, ante la querella que previsiblemente presentará mañana contra los miembros del Govern ya cesados y la mesa del Parlament por la comisión de un presunto delito de rebelión por la declaración de independencia, y también está pendiente de los tribunales.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, queda al mando de la coordinación, y al frente, por tanto, de la Generalitat hasta que se celebren las elecciones. Pero la decisión del presidente del Gobierno es que las actuaciones en Cataluña en sustitución del Govern sean las «mínimas», garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, evitar el «sabotaje» independentista y firmar sólo las resoluciones de estricto trámite. Por eso ni siquiera ha llegado a crearse una «comisión ad hoc», como inicialmente se planteó, en la medida en que «prácticamente ya se está en tiempo de descuento electoral», advierten en Moncloa.

La estrategia se sostiene en tres pilares: el control informático de la Administración catalana (que queda básicamente en manos de Hacienda), la Policía autonómica y la disolución del Parlament. Respecto a los posibles actos de desobediencia de Puigdemont y de los suyos, Moncloa recuerda que ya no tienen «ni coche ni teléfono ni secretaria ni sueldo». Y parece ser que incluso han estado discutiendo sobre la conveniencia de no escenificar la vuelta este lunes a sus despachos «porque tienen miedo a ser detenidos». Todos los asesores del primer nivel independentista han caído, y Moncloa ha disuelto de inmediato sus satélites exteriores, «una de las bases más importantes del proyecto secesionista».

El control informático de la Administración catalana es «básico», según explican en el Gobierno, porque es el instrumento para evitar que desde cualquier instancia se hagan actuaciones o se acceda a información restringida ya para Puigdemont y el movimiento independentista. Pero lo que realmente preocupa a Rajoy es la policía autonómica. Después de darle muchas vueltas, ya que quedaba la opción de optar por confiar en las Fuerzas de Seguridad del Estado, la decisión acordada con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se inclina por colocar a los Mossos en primera línea, confiando para ello en el segundo de la policía catalana, el comisario Ferran López, que es quien sustituye a Josep Lluís Trapero, uno de los 140 cargos destituidos tras aplicar el artículo 155 en respuesta a la declaración unilateral de independencia. Ferran López ha declarado su compromiso con la Constitución, y Rajoy confía en él para recuperar el perfil profesional de los Mossos. Zoido, por su parte, le ha ofrecido los recursos que él tiene como ministro para trabajar juntos para recuperar la normalidad institucional.

«Los Mossos son imprescindibles en estos momentos para conseguir que en Cataluña vuelva la legalidad y siga funcionando con normalidad el autogobierno y la autonomía». Frente a posibles problemas de orden público o por la desobediencia de los líderes independentistas, «la policía catalana debe estar en primera línea y cumplir con sus obligaciones legales en defensa de la autonomía de Cataluña».

Desde ese principio básico de que la intervención, una vez cesado al Govern, se va a reducir al mínimo en el ámbito de las decisiones administrativas, Rajoy, sus ministros y la dirección del PP se ponen ya en precampaña electoral. Los populares saben que estas elecciones autonómicas se presentan muy difíciles para sus siglas. La crisis independentista también les ha desgastado, y las encuestas señalan que quien puede sacar un mayor rédito es Ciudadanos (Cs). Según los últimos sondeos la mayoría de los catalanes no apoyaba la declaración unilateral de independencia, pero tampoco la intervención. Rajoy, no obstante, no da la batalla electoral por perdida, y además de los gestos que está haciendo en la manera de limitar la aplicación del 155, los estrategas electorales del PP creen que deben jugar la carta de su papel como «salvador» de los constitucionalistas. El Gobierno volverá a Cataluña, con Rajoy al frente y con la misión de restar legitimidad a la teoría del independentismo sobre que la aplicación del 155 tenía como objetivo acabar con el autogobierno. En todo este plan falta por encajar una pieza determinante, hasta dónde alcanza la rebelión secesionista, su repercusión en la calle y de qué manera gestionan las elecciones de diciembre. «Estamos ante un escenario muy complicado. Pisamos terreno minado. Pero la jugada maestra de convocar elecciones ya nos da por primera vez ventaja», confían en el Ejecutivo central.