La Guardia Civil ha encontrado, en alguno de los registros que ha realizado en la «operación Púnica», e-mails entre Francisco Granados y David Marjaliza, que probarían la relación financiera que existía entre los dos.

Asimismo, acreditarían la existencia de determinadas operaciones realizadas en las cuentas que ambos poseían en Suiza, y cuyos «extraños» movimientos alertaron a las autoridades helvéticas.

«Personas Expuestas»

Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer, estas dos personas se habían convertido para la banca suiza en «PEP» (Personas Expuestas Políticamente), que sirve para definir a individuos que han podido cometer delitos financieros, en concreto el blanqueo de capitales.

Granados y Marjaliza tenían cada uno, al menos, una cuenta en Suiza y entre ellas se habían producido importantes transferencias de dinero y otros movimientos.

Fueron los que alertaron a las autoridades de aquel país, hasta el punto de emitir una Comisión Rogatoria Internacional (CRI) que afectaba a dichas cuentas, pero no a una tercera, a nombre de Granados, que fue descubierta hace meses y que ya fue regularizada por su titular, según fuentes de la investigación.

En los registros realizados en algunos de los ordenadores que se han incautado en la «operación Púnica» han sido hallados correos, cuyo cantidad no se ha especificado, que probarían los movimientos que tanta extrañeza causaron a las autoridades helvéticas y que dieron lugar a la emisión de la citada CRI.

Asimismo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han incautado, en los distintos registros efectuados, de un total de 240.000 euros.

Ha sido intervenida numerosa documentación en soporte de papel e informático, que será analizada.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que han ejecutado la operación por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han practicado varios registros, entre ellos en cuatro domicilios de los presuntos implicados en la trama.

Beneficiaria de contratos

Además de las oficinas de la filial española de la multinacional energética francesa Cofely, beneficiaria de los contratos por los que los dirigentes de los ayuntamientos implicados habrían obtenido alrededor de un 3 por ciento de comisión, se han registrado, entre otras, las empresas Waiter Music, Garrido Abogados y una sucursal de Ibercaja en Valdemoro. También han sido registrados los ayuntamientos e instituciones supuestamente implicados, como los madrileños de Parla, Valdemoro, Serranillos del Valle, Casarrubuelos, Collado Villalba y Torrejón de Velasco.

Una vez que concluyan las investigaciones actuales, la Guardia Civil podría abrir unas nuevas pesquisas, en este caso referidas a la recalificación de terrenos, dado el gran número de ayuntamientos afectados por la trama que ha sido desmantelada ahora. Aunque el «boom» de la construcción ya pasó, la venta de tierras sigue siendo un negocio y una forma de inversión de capitales.