El Congreso dio luz verde este jueves a la reforma de la Ley del aborto de 2010, pocos días después de que el Tribunal Constitucional diera su aval definitivo, y a la ley trans. La nueva norma del aborto deroga los cambios introducidos por el PP en la reforma de 2015 e introduce más cuestiones, como la salud menstrual con la posibilidad de baja de tres a cinco días por reglas incapacitantes, mientras que la ley trans regula, entre otras cosas, la autodeterminación de género.

Las dos son leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que lleva en el ojo del huracán desde hace semanas por los “efectos indeseados” de la Ley del “solo sí es sí”. Y esa circunstancia se ha hecho notar durante la sesión plenaria porque la oposición ha querido advertir de que se pueden reproducir errores jurídicos teniendo en cuenta que se están regulando materias sensibles.

De hecho, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y varios órganos consultivos han hecho sus propias advertencias a ambas leyes, aunque no han sido tenidas en cuenta por el Gobierno. En el caso de la ley del aborto, la norma estaba ya en el Senado cuando el CGPJ emitió su informe (en diciembre), prácticamente sin margen ya para introducir los cambios sugeridos por los jueces.

Ambas leyes venían del Senado, donde han sufrido ligeros retoques, y eso ha obligado a un nuevo debate y votación en el Congreso. En el caso del aborto, cuyo debate ha atravesado momentos de gran tensión, se ha votado el texto completo porque es una ley orgánica: en total, el texto legal ha recibido el apoyo de 185 diputados (154 votos en contra). La ley trans es ley ordinaria y no ha requerido de una votación de conjunto, sino que, simplemente, se han votado los cambios procedentes del Senado.

En el debate del aborto, gran parte de las miradas se han dirigido al PP ya que, en buena medida, la izquierda y, sobre todo, el PSOE han buscado forzar un nuevo debate en el Congreso para intentar hurgar en las diferencias en el bloque de la derecha entre los populares y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, donde ha habido grandes discrepancias por el establecimiento de un polémico protocolo ante la solicitud de interrumpir un embarazo de las mujeres. También se ha forzado el debate para seguir buscando polémica en la postura de los populares porque presentaron un recurso en 2010 contra el aborto y ahora, una vez fallado el TC, lo aceptan, aunque con matices.

En este sentido, la diputada del PP Marta González ha criticado tanto cuestiones de fondo como técnicas de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad y ha concluido su discurso rechazando el apoyo de su partido porque es una norma “inoportuna, innecesaria, improcedente, incongruente e infantilizadora”. González ha acusado a Igualdad de ser una “amenaza” para la sociedad española por sus “dotes legislativas” tras el fiasco del “sí es sí” que ha beneficiado a agresores sexuales condenados, y ha recogido algunas de las objeciones que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la desaparición de los tres días de reflexión y la obligatoriedad de la entrega de un sobre con información sobre recursos y ayudas a la mujer. “Es una muestra de dogmatismo”, ha señalado González. “En la tramitación en el Senado no se ha atendido ninguna de las objeciones del informe”, ha añadido, en referencia al CGPJ, justificando así, también, el voto en contra del PP. "No se entiende cómo el Gobierno, llevado por su innegable falta de ecuanimidad, puede llevar su sectarismo hasta tal punto como para hurtar esa imprescindible información a las mujeres, y sin embargo, llenar el resto de la ley de otras informaciones obligatorias, en todos los formatos y lenguas cooficiales”, ha aseverado González.

Sobre el aborto, la reforma legislativa introduce cinco puntos importantes: se elimina el plazo de tres días de reflexión antes de que se practique el aborto; se suprime la obligatoriedad de recibir información acerca de los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo y ahora solo se proporcionará si la mujer lo requiere; se devuelve a las menores de 16 y 17 años su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad, sin consentimiento paterno; se obliga a las administraciones públicas a que organicen sus recursos para que se pueda garantizar la prestación en centros hospitalarios públicos de todo el territorio nacional; y, se regula la objeción de conciencia con la creación de un registro para los profesionales sanitarios. Entre los apuntes realizados por el CGPJ sobre esta ley, aparecen temas nucleares, como la supresión de los tres días de reflexión previo a la práctica del aborto, la desaparición de la información sobre los recursos y ayudas a los que puede optar la mujer embarazada, la elaboración de una lista de profesionales sanitarios objetores de conciencia o las bajas laborales por menstruación incapacitante.

Ley trans

La ley trans también ha albergado mucha polémica durante su recorrido parlamentario porque se está regulando una materia muy sensible. El PP organizó unas jornadas en el Congreso para que comparecieran expertos y opinaran sobre la ley (ya que Igualdad evitó que se oyeran a las voces expertas), lo que también permitió hurgar en las diferencias de la izquierda: en esas jornadas participaron referentes del PSOE, que tiene un sector muy crítico con esta norma. La exvicepresidenta Carmen Calvo es la diputada socialista más icónica de este sector crítico y, en la anterior votación en el Congreso, se abstuvo.

El punto nuclear, que mayor discrepancia ha generado entre PSOE y Podemos y a punto ha estado de hacer descarrilar la ley, es el artículo 43 de la ley: en ese punto se recoge la autodeterminación de género, que permitirá a todos los mayores de 16 años solicitar por sí mismos ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, mientras que los menores de entre 16 y 14 requerirán del consentimiento paterno y los de entre 14 y 12 precisarán de autorización judicial. Si bien, el PSOE quería estirar hasta los 16 años la necesidad de autorización judicial, aunque, finalmente, ha tenido que recular. Este cambio en el registro no requerirá acreditar disforia de género, un proceso de hormonación o un cambio físico, un punto que ha querido destacar Irene Montero porque permite diferenciar entre "el reconocimiento de la identidad" y la necesidad de modificar la apariencia física.

El CGPJ sí considera "constitucional" la autodeterminación de género, pero a partir de la mayoría de edad.

La diputada del PP María Jesús Moro también ha advertido contra los "efectos indeseados": "No queremos que días después de publicarse en el BOE esta ley comience un nuevo e insoportable conteo de víctimas, un remake de la ley del solo sí es sí". "Veo desgarro en madres con experiencias tremendas de sus hijos arrepentidos por decisiones irreversibles", ha afirmado Moro, quien ha reclamado a Montero que siguiera la senda de Nicola Sturgeon, que ha dimitido como primera ministra de Escocia por los "efectos indeseados" de su ley de transición de género, aprobada en diciembre. Esa norma ha dejado episodios muy polémicos, como la posibilidad de que una mujer transgénero pudiera acabar en una cárcel de mujeres pese a haber sido condenada por violar a mujeres antes de cambiar de sexo. La experiencia del Reino Unido, que está dando marcha atrás no es un caso único en Europa, ya que hay otros países que se están viendo forzados a seguir la misma senda.

Otros puntos importantes de la ley son la prohibición de las terapias de conversión, destinadas a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas (artículo 17); las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales pueden inscribir a sus hijos como propios sin estar casados (disposición final primera); o, la creación de un régimen de infracciones frente a actos de discriminación (artículo 79).