«Caso Pujol»: 1.326 días de investigación sin un final próximo

El ex president tendría 90 años cuando se celebrara el juicio, por lo que accedería en dos meses a la libertad condicional si fuese condenado.

El 25 de julio de 2014, el ex presidente de la Generalitat durante casi un cuarto de siglo Jordi Pujol revolucionaba la vida política y social con un comunicado en que admitía que mantuvo en el extranjero, en un banco andorrano, una cuenta millonaria con el dinero que procedía de la «herencia» de su padre, Florenci, en un testamento donde dejaba importantes sumas a su mujer y siete hijos. Hasta entonces dijo no haber tenido la oportunidad de regularizar ese dinero.

Sin embargo, antes de esta fecha, la Justicia ya había comenzado a indagar sobre la fortuna de la familia más poderosa a nivel político que existía en Cataluña. Siete meses antes de esa «confesión», María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente, acudía a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para denunciar que su ex pareja se trasladaba con cierta frecuencia en coche hasta Andorra cargado con «bolsas» repletas de billetes de 500 euros. Esta denuncia la ratificó en enero de 2014 ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Lo que entonces era una mera denuncia, sin más pruebas, terminó con una investigación en toda regla al «heredero» de Jordi Pujol.

De esta forma, a mediados de 2014 había abiertos dos procedimientos donde se investigaba lo mismo: el origen del patrimonio de la familia Pujol. Por un lado, la Audiencia Nacional ya tenía bajo lupa al hijo mayor del ex presidente, que posteriormente afectó a sus hermanos Josep y Pere. Por otro, un juzgado de Barcelona abrió una causa para investigar todo lo relacionado con la «herencia».

Para unificar la investigación, la Fiscalía Anticorrupción pidió en octubre de 2015 que el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona se inhibiera en favor del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien instruía lo que afectaba a Jordi Pujol Ferrusola. La magistrada que estaba al frente de ese juzgado de Barcelona aceptó y De la Mata asumió la competencia el 30 de diciembre de 2015. Es decir, hoy lunes hace 1.326 días desde que la Audiencia Nacional investiga el origen de la fortuna de la familia.

En estos cuatro años y ocho meses y medio han declarado todos los integrantes de la familia, se han cursado un número importante de comisiones rogatorias a países donde se sospechaban que tenían cuentas ocultas y tanto la UDEF como la UCO han realizado informes que empiezan a despejar todas las incógnitas: a cuánto asciende la fortuna, su origen y si en la ocultación de los fondos participaron todos o las decisiones las adoptaba casi siempre el primogénito. Sobre la primera incógnita, la UDEF cifra en 290 millones la fortuna, aunque, previsiblemente, esa cifra se incremente cuando se tengan todos los resultados. Buena parte del dinero, según el informe policial, habría tenido su origen en el cobro de comisiones cuando Pujol presidía la Generalitat, relacionado con el famoso 3%, que en parte iba a financiar a CDC, pero en otra el destino era incrementar el patrimonio de la familia Pujol.

Pese a que esta investigación lleva ya casi cinco años, no parece que su fin esté próximo. Están pendientes nuevas diligencias, como las comisiones rogatorias cursadas a Andorra sobre todo lo relacionado con las nuevas cuentas vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola. Y ya se sabe que la remisión de esos datos suele tardar unos meses cuanto menos. Quizás por ello, fuentes de la Audiencia lo tienen claro: «Todavía tiene –el juez– para largo. No parece que estemos en la recta final».

Esta circunstancia beneficia al «patriarca» de la familia. La razón es clara: su edad. Tiene 89 años y en junio de 2020 cumplirá los 90. Es muy difícil, prácticamente imposible, que el juicio se pueda celebrar antes, teniendo en cuenta las comisiones rogatorias e incluso no se puede descartar que, tras los últimos informes policiales, el juez cite nuevamente a algunos de los hijos. Una vez que se cierre la investigación se tendrá que dar traslado al fiscal para las acusaciones y posteriormente a todas las defensas, para después fijar la fecha del juicio, que se puede prolongar varios meses. Todos estos trámites, según las fuentes consultadas, hacen «prácticamente imposible» que la vista oral pueda comenzar antes de 2021, «en el mejor de los supuestos».

En estas circunstancias, la sentencia se conocería cuando Jordi Pujol haya cumplido los 90 años, en la hipótesis de calendario más favorable. Con esa edad, y aunque fuese condenado y se ordenase su ingreso en prisión, algo más que cuestionable porque la sentencia podría ser recurrida y suspenderse su ejecución hasta la resolución de los recursos, lo previsible es que no pasara mucho tiempo privado de libertad. Y ello, porque el Código Penal prevé que los presos con más de 70 años y de los que no haya elementos de juicio para pensar que pueden volver a delinquir, puedan acceder directamente a la libertad condicional sin cumplir ninguna parte de la condena. Para ello, es necesario que se produzca la clasificación de interno y se proponga esa libertad condicional. El plazo máximo para ello es de dos meses. Por tanto, según fuentes de la Audiencia, «en cuanto le clasifiquen, en un máximo de dos meses, estaría en libertad condicional».

Esta decisión de la Generalitat
–lo lógico es que fuese trasladado a un centro de Cataluña–, podría ser recurrida por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, pero ello no suspendería que recobrase la libertad hasta que la Audiencia provincial de la que dependa la cárcel resolviese. El tiempo juega claramente a favor de Jordi Pujol.