Disipado el «shock» inicial por la atribución por parte de la UCO a José Luis Ábalos de un papel «relevante» y de «responsabilidad» dentro de la «trama criminal» que se investiga en el denominado mediáticamente «caso Koldo», la sensación que se va imponiendo en el PSOE es la de pesimismo e incertidumbre. Las fuentes consultadas son incapaces de trazar una estrategia a medio plazo y se lamentan ante la incapacidad de prever qué depararán las sucesivas entregas de la secuencia corrupta. «Todavía quedan teléfonos por volcar. Es impredecible», señala un dirigente consultado cuando se le pide calibrar los márgenes del escándalo que, por otra parte, en las instancias oficiales se afanan en circunscribir al ámbito de control de Ábalos, en lo relativo a su personal de confianza y a sus responsabilidades al frente de Transportes.

Pero lo cierto es que ni siquiera quienes se afanan en proyectar tranquilidad –«cero preocupación», dicen en el entorno del presidente del Gobierno– pueden ocultar su nerviosismo. La incomodidad es manifiesta y la debida prudencia se redobla para evitar que aseveraciones taxativas negando los hechos queden posteriormente en entredicho por la investigación. Para muestra, todo lo relativo a la gestión de la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y las mentiras que se vertieron en sede parlamentaria, justificando la intercesión de Ábalos como una misión diplomática.

Con todo, hay cargos que alertan ya sobre el «riesgo de colapso» si la trama supera los muros de Transportes y salpica a otros ministerios o dirigentes que, entonces, eran presidentes autonómicos y hoy detentan altas responsabilidades. Se refieren a Ángel Víctor Torres, otrora regidor de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y la actual presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, en su día al frente del gobierno balear. «La sensación es de fin de ciclo», lamentan, recordando que «hace una semana estábamos tratando de sacar cabeza del “caso Begoña Gómez” y ahora esto».

La comparación no se sostiene, porque en lo que respecta a la investigación de la mujer del presidente no se ha podido demostrar ninguna implicación gubernamental, mientras que el ·caso Koldo· supone ya el caso de corrupción más grave al que se enfrenta el PSOE en los más de seis años de gobierno de Pedro Sánchez. Lo cierto es que Moncloa parece tener demasiados frentes abiertos. Las fuentes consultadas se quejan de que una buena gestión económica queda continuamente invisibilizada por este tipo de escándalos y a esto se suma la inestabilidad en el Congreso de los Diputados, donde las derrotas parlamentarias se suceden y los Presupuestos siguen en el aire, a la espera de la celebración de los procesos congresuales de ERC y Junts.

En clave interna, el panorama no es más apacible. Lo que se entendió como un adelanto táctico del 41º Congreso Federal para blindarse y lograr tomar el control sobre algunas federaciones territoriales inoperantes, electoralmente hablando, ha acabado por destapar una pugna soterrada a la sombra del hiperliderazgo de Sánchez, con algunas federaciones dispuestas a dar la batalla interna.

En paralelo, el Gobierno y Ferraz tratan de marcar distancias, un abismo, entre la actual dirigencia y Ábalos. Quien lo fuera todo bajo el mandato de Sánchez, áulico secretario de Organización y titular de la cartera ministerial que más presupuesto público maneja ha quedado relegado a una mancha en el expediente del Ejecutivo que venía a regenerar y que puso fin a la corrupción del PP con una moción de censura. Para la actual dirección del PSOE Ábalos se ha convertido ya en un innombrable y se refieren a él como «esa persona», una calificación tan indeterminada como cargada de significado peyorativo.

Ayer no fue un lunes fácil para los socialistas que, comparecieron en la sede federal de Ferraz parapetados por los casi 40 casos de corrupción que el PP tiene judicializados actualmente y de los que la portavoz, Esther Peña, se ocupó de dar nutrida cuenta, incluso apuntando hasta su fase de instrucción. Sin embargo, más allá de tratar de desviar el tiro hacia los populares e, incluso, avanzar en aquello que critican: amenazando con llevar a Albero Núñez Feijóo a los tribunales, si no comparece en la comisión de investigación para rendir cuentas sobre los contratos de la Xunta a familiares, no hubo explicaciones claras ni mucho menos desmentidos. Nada que transmita cierta seguridad.

Peña despachó los testimonios anónimos de empresarios que, en los medios de comunicación, aseguran haber llevado hasta 90.000 euros en bolsas de papel a la sede de Ferraz para entregárselos a la trama, sin negar la información. Una información ha derivado en la querella que ha presentado el PP contra el PSOE por presunta financiación irregular. La portavoz socialista se limitó a asegurar que «hay mucho fantasma que presumía de relaciones que no tenía, de hablar con gente que no hablaba y aparentar lo que no se era». Sin embargo, no fue capaz de determinar si esas reuniones se produjeron o no. Aludiendo a la protección de datos, que obliga a destruir los registros de entrada a los 30 días, Peña reconoció no tener datos y recordó que deben ser quienes dicen haber estado en Ferraz «los que tienen que probarlo».

La dirección también descartó que Ábalos endosase al partido «gastos desmedidos», tal como publicaba «El País» este fin de semana, asegurando que en la gerencia de Ferraz «flipaban» con el volumen económico de las facturas que el entonces secretario de Organización cargaba al PSOE. Peña aseguró que en las «auditorías internas» que la formación realiza de «manera habitual» no se detectó ninguna irregularidad. «No pitó nada», reconocen fuentes socialistas, que evitan también vincular esta cuestión con el cese de Ábalos como número tres del partido. Algo sobre lo que aún hoy no se ha dado ninguna explicación.