El Gobierno de Canarias compró en las primeras semanas del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad vinculada al 'caso Koldo' por importe de 6,87 millones de euros, en contratos adjudicados de forma directa al amparo de las normas de emergencia dictadas por la pandemia de covid.

La sanidad pública canaria figura entre las víctimas de la presunta trama dedicada al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil y por la que ha sido detenido, entre otros, Koldo García, asesor de José Luis Ábalos (PSOE) en la etapa de este como ministro de Fomento.

Según consta en documentos oficiales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de la Consejería de Sanidad del la comunidad autónoma que se pueden consultar en la Plataforma de Contratación Pública, la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas recibió dos encargos para proveer a los hospitales de las islas de mascarillas FFP2 o K95.

El primero, por importe de 6,87 millones de euros (que luego se redujeron a 2,09 millones por la inferior calidad del material servido) y el segundo, por 4,77 millones, ambos en abril de 2020.

En aquellos momentos, los hospitales canarios necesitaban un suministro semanal de 510.000 mascarillas de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para que su personal pudiera trabajar con seguridad y, como ocurría en el resto de España, tenían graves problemas para conseguirlas, por lo que se recurrió a proveedores sin relación anterior con el sector, pero que ofrecían contactos internacionales que supuestamente les permitían comprarlas en otros países.

En este contexto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas se convirtió en proveedor del Servicio Canario de la Salud, según figura en los documentos que componen los distintos expedientes.

En primer lugar, el 22 de abril de 2020, se le aceptó que sirviera una partida de 2,75 millones de mascarillas FFP2 con un precio unitario de 2,50 euros, lo que hacía un montante global de 6.875.000 euros. La empresa fue entregando lotes los días 23, 25 y 26 de abril hasta suministrar 837.000 unidades, pero surgió un problema.

Los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado (27 de abril) y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando (septiembre de 2020) que, en efecto, no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).

El Servicio Canario de la Salud siguió contando con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a pesar de los problemas de calidad del encargo anterior y le adjudicó, también en abril, la compra de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad.

En total, 4.775.500 euros, que le fueron abonados en junio de 2020 por orden del entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez (PSOE).

Mientras este segundo contrato se completaba, se buscó una solución al anterior, que no se rescindió a pesar de que no se había suministrado el material encargado (mascarillas con capacidad FFP2).

En el expediente, figura una resolución del 3 de noviembre de 2020 por la cual el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa, que propuso que las 837.300 mascarillas servidas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos de euro la unidad) y se le diese la oportunidad de servir 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95.

Con el visto bueno de Domínguez, finalmente se abonó a la empresa no los 6,87 millones de euros del encargo original, sino 2,09 millones: 707.518 euros por 837.300 mascarillas aceptadas como 'quirúrgicas' y 1,38 millones por 555.000 mascarillas FFP2/K95.

En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto por la empresa porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso, necesitaban suministros constantes de material de protección y creía que había que valorar "los tiempos de entrega de un nuevo pedido" frente a la ventaja de que ese material estaba disponible para un uso inmediato.

La suma final de los dos encargos ascendió a 6,87 millones de euros, el mismo importe que había sido adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en el contrato que no pudo cumplir con todas las condiciones pactadas porque las mascarillas no eran FFP2.

Conrado Domínguez dimitió de su cargo en el SCS en noviembre de 2022, tras verse imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el "caso Mascarillas" de Canarias, la presunta estafa a la sanidad pública de cuatro millones de euros con un encargo de cubrebocas a otra firma sin relación previa con el sector, RR7, una pequeña sociedad canaria dedicada a la importación de coches.

También en Baleares con Armengol

También el Govern de Francina Armengol en Baleares realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a la misma empresa y le reclamó 2,6 millones de euros en el último día de gobierno, en julio de 2023.

Según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press, la reclamación se formalizó el mismo día en el que Margalida Prohens era investida presidenta, a instancias de un director de compras del Servicio de Salud (IbSalut), antes del traspaso de carteras. Además, el IbSalut recibió en 2022 un requerimiento de la Guardia Civil en el marco de la investigación por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, por la que ahora ha sido detenido Koldo García Izaguirre. Fuentes del Ejecutivo anterior han defendido la actuación del Govern progresista asegurando que los contratos se hicieron "conforme a la ley".

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dejó constancia de este contrato de 3,7 millones de euros en un informe general sobre la compra pública de emergencia durante la crisis sanitaria. Fue una investigación iniciada de oficio en 2020, sin ninguna denuncia previa, ante el incremento de compras de emergencia, generalmente más vulnerables a malas prácticas. La Oficina constató un único encargo de Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que también contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario por 40,5 millones de euros.

Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del estado de alarma no se le habían adjudicado contratos de suministro de material de protección sanitario. La sociedad presentó una única factura para el encargo realizado con el IbSalut, por 3.701.500 euros para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad.

Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia. Con todo, el organismo Anticorrupción advirtió que en la Plataforma de Contratación constaba otro contrato por "servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID", por 56.715,24 euros (1,5% de la factura de suministro de material). La factura correspondiente no se facilitó a la Oficina. Fue la empresa quien contactó con el IbSalut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado. El IbSalut tendría que hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma. Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo.

En sus recomendaciones, el informe de la Oficina Anticorrupción balear advertía contra el uso abusivo del procedimiento de emergencia y la necesidad de analizar debidamente la integridad y solvencia de los suministradores de material. También consideró que se hizo un acopio de mascarillas para más tiempo del necesario, "con proveedores desconocidos y a los precios que estos imponían", aunque su análisis concluyó que no se habían producido sobrecostes en los precios facturados al IbSalut, dadas las circunstancias del momento de la fabricación y venta de material en China.

Un directivo aparecía en los "Paradise Papers"

La Oficina Anticorrupción balear consultó los datos empresariales de la compañía e hizo constar que, como administrador único aparecía otra empresa, Purdey Investment SL, que a su vez tenía como administrador único a una persona, José Ángel E.S. El organismo fiscalizador advirtió en su informe que dicho directivo aparecía en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta. De hecho, ya entonces la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil habían investigado, un año antes, a esta sociedad. Aquella investigación fue por un posible caso de corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda.