Calvo advierte de sanciones al "Open Arms": "No tiene permiso para rescatar"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha apelado al cumplimiento de la ley y advierte de posibles sanciones a la ONG, que podrían alcanzar los 900.000 euros.

Tras resolverse la crisis humanitaria a bordo del «Open Arms» llega el momento de depurar responsabilidades. El arribo del barco y el desembarco de los rescatados no son suficiente para que tanto la ONG como el Ejecutivo de Sánchez guarden las espadas. Al contrario, el estado legal de la embarcación está ahora en el punto de mira. La vicepresidente del gobierno en funciones, Carmen Calvo, cargó duramente contra la oenegé y recordó ayer que el barco de la organización no tiene licencia para realizar rescates en el Mediterráneo y apeló al cumplimiento de la ley al ser preguntada sobre posibles sanciones a la ONG, que podrían ir de los 300.000 a los 901.000 euros.

No hay que olvidar que en una carta remitida el pasado 27 de junio al capitán del barco, y firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, se avisó al barco de las «infracciones» que implicaba su «pretensión de retomar rescates», después de que la ONG decidiera poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central para rescatar a personas a la deriva, a pesar de que solo cuenta con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria.

Tras las declaraciones de Calvo, el fundador de la organización, Óscar Camps, se preguntó en la redes sociales si «habla ella de verdad o Matteo Salvini es el ventrílocuo», en referencia a las sanciones económicas con las que amenazó a la embarcación, muy en la línea de las recogidas en el decreto anti inmigración de Salvini.

Se trata del enésimo enfrentamiento entre la oenegé y el Ejecutivo de Sánchez en los últimos días. A principio de esta semana, el Gobierno en funciones desmintió un supuesto acuerdo entre España e Italia que anunció la oenegé y, un día después, la viceministra en funciones, acusó a Open Arms de negarse a desembarcar en el puerto de Malta.

En medio de este clima hostil, el partido de Santiago Abascal anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la organización por «favorece la inmigración ilegal y por el uso fraudulento de las leyes del mar».

Según explicó el líder de Vox, la denuncia recoge presuntos delitos de infracción de la Ley Marítima y colaboración con organización criminal para el tráfico de personas, tipificado en el artículo 570 del Código Penal. En este sentido, Abascal volvió a acusar a la ONG de ser cómplice de las mafias internacionales del tráfico de personas que generan cada año millones de euros de beneficios. No en vano, tanto Camps como Abascal están protagonizando duros enfrentamientos en las redes sociales con sus actividades profesionales, en el punto de mira.

Otro de los vértices de la crisis desencadenada por la situación del «Open Arms» es la judicial que sigue su curso. La Fiscalía de Agrigento, que ordenó el desembarco urgente de los rescatados y la incautación del buque, está investigando el supuesto secuestro de la embarcación. Ordenó ayer el traslado de la embarcación al puerto sicililano de Licata, donde se encuentran el «Saving Humans» y el «Sea Watch».