Los recientes ataques al Poder Judicial, que se han materializado en los últimos días en las gruesas acusaciones y señalamientos de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, no son algo nuevo para los jueces y fiscales que han tenido que dirimir causas relacionadas con el «procés». Es más, todavía siguen en la memoria de muchos las imágenes de los actos vandálicos y los daños en la vivienda que el juez Pablo Llarena tiene en Sant Cugat (Barcelona) por parte de la organización Arran, vinculada a la CUP, en 2018 y en 2019. ¿El motivo? Ser el juez instructor del juicio del «procés».

Varias fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN remiten a aquellos hechos, al comentar las acusaciones de Noguera en sede parlamentaria. Allí aseguró que se trataba de «personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas» porque «han permitido y bendecido informes falsos» contra los independentistas catalanes. Y dio un paso más, señalando con nombre y apellidos al expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Pérez de los Cobos y a la magistrada Concepción Espejel. Del Tribunal Supremo (TS), nombró al presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, al expresidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, a la magistrada Carmen Lamela y al propio Llarena. «Desde el punto de vista democrático, es intolerable porque ha señalado a personas concretas, es una práctica dictatorial», ha comentado un exmagistrado del alto tribunal, que se pregunta: «¿El fiscal general del Estado no toma cartas en el asunto? ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado en estos casos?».

Sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que llamó por teléfono a los magistrados señalados, las fuentes echan en falta que concrete cómo va a defender a los jueces de los ataques, tal como indicó. Un jurista cree que «si no es con el apoyo del principal partido de Gobierno, no lo pueden hacer. Otra cosa es que jueguen al poli bueno y al poli malo», reflexiona. Para Pablo Baró, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, el pacto de investidura «ha dado carta blanca a los diputados de Junts para investigar a todos aquellos jueces que arbitrariamente consideren molestos». Cree que el hostigamiento no ha hecho más que comenzar.

De hecho, los ataques han ido «in crescendo», pero el episodio en el Congreso es de extrema gravedad, incluso, en comparación con los daños a la vivienda del juez Llarena. «Que unos gamberros en la calle hagan este tipo de acciones es una cosa; otra completamente diferente es que miembros del Estado hagan eso mismo. Los primeros son unos gamberros y violan la ley, pero cuando lo hacen las autoridades, violan el Estado de derecho», concluye una de las fuentes jurídicas consultadas.

Lo trascendental, señalan, es que el acoso y la presión indebida que están padeciendo los magistrados y los fiscales se han producido «ante la pasividad y connivencia de la presidenta del Congreso», que optó por no retirar del diario de sesiones las duras declaraciones. Las descalificaciones, subrayan, «se han producido en las Cortes Generales, no en un barrio cualquiera o en la barra de un bar», recuerdan, no sin indignación. De hecho, algunos juristas señalan que la diputada de Junts podría haber incurrido en un delito de calumnias «al acusar de prevaricación a los magistrados, lo que es susceptible de presentar una querella», sostienen.

Este asedio ha tenido a Cataluña como principal escenario. Tal como señalaba un informe de la plataforma Societat Civil Catalana enviado en diciembre de 2021 al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en esa comunidad autónoma se daba cuenta de lo que describían como «desertización de la planta judicial» en la región por las dificultades de cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados. Aunque ha habido factores endémicos, el documento indica que el «procés» «ha supuesto un elemento decisivo para que en la actualidad el proceso devenga especialmente grave» y aludía a que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había solicitado al CGPJ un complemento salarial de destino, debido a «la coyuntura vivida en estos últimos años», en referencia, según el informe, «a las presiones que han venido soportando jueces, fiscales y otros funcionarios». En el anexo, se adjuntan imágenes de los ataques con excrementos y basura a los juzgados de Gavá y de Gerona, en noviembre de 2019.

Para Baró, el uso del término «lawfare» no es casual. Permite «que desde las cámaras legislativas se acuse a otro poder del Estado, el Judicial, de prevaricar y se llame al enjuiciamiento de miembros concretos del mismo, lo que es algo gravísimo», concluye. No es nuevo, pero sí preocupante.