La Audiencia de Sevilla retoma este lunes el caso de los ERE y lo hace con cuatro juicios programados para enero, entre ellos el de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que reconoció que parte del dinero público que recibió de su jefe iba destinado, supuestamente, a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

Así, la sección primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 8, 9, 10, 11 y 18 de enero el juicio por prevaricación y malversación contra el conocido como "chófer de la coca", una de las piezas separadas del "caso ERE". Un caso que se retoma después de que Trujillo renunciara a su abogado en septiembre de 2022.

En el banquillo de los acusados se sentarán también Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, una de las empresas que mediaron ante la Junta de Andalucía para la formalización de las pólizas de prejubilaciones, e Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer.

De cara al juicio, hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

Falsos proyectos de inversión

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, "personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado" al primero, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".

En este sentido, precisa que estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, "sin que conste ninguna solicitud de ayuda" por parte de ambas empresas y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y "para poder alegar" los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, "a sabiendas de su falsedad", se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.

Enriquecimiento "ilícito"

Por otra parte, la Fiscalía determina que Guerrero y Trujillo, "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento", decidieron que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros". De este modo, y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA.

En esta línea, añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA "“como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".

Todo ello, además, "siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad, sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía", asegura la Fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el ex chófer de Guerrero "financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos".

La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos "supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L (ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis), sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades".