A medida que va avanzando –es un decir– el desafío soberanista, suceden dos cosas. Por un lado nuestro aburrimiento y hastío crece y, por otro, se van radicalizando las posturas de los propios independentistas. Lo primero es razonable: cada día trae un despropósito nuevo que hace difícil mirar al futuro con un lastre como el de estos políticos. Lo segundo, por esperado, no deja de producir cierta sorpresa. Es tal la escalada de radicalización que cada movimiento táctico –sea la de cargarse un conseller o remodelar el Govern– se convierte en una batalla. Y lo último de este día se refiere al borrador de la ley de referéndum de autodeterminación.

Los servicios jurídicos del Estado han llegado a la conclusión de que este borrador acaba con las garantías del actual sistema electoral en Cataluña. Y todo porque la nueva administración electoral catalana que crea esta ley, estaría bajo el control de los partidos actualmente en el Govern. Efectivamente, Junts pel Sí y la CUP serían los encargados del control del referéndum de autodeterminación. A estas alturas, poco les preocupa ya la ilegalidad manifiesta, o que ese control vulnere los acuerdos internacionales sobre referendos. Da la sensación que los partidos independentistas han optado –como ya vienen haciendo hasta ahora– por controlar cada una de las piezas al margen de cualquier norma, aunque esté vidente.

De hecho, este informe vulnera el propio Estatuto de Cataluña que reconoce en su artículo 56 que el régimen electoral se regula por una ley del Parlament aprobada por las dos terceras partes de los diputados. Pero como aquella mayoría no solo no la consiguieron en las últimas elecciones sino que retrocedieron en votos y escaños, ahora toman esta decisión que de una forma cuasi dictatorial enmienda la propia legalidad de su Estatut.

No es que hubiera tenido nunca confianza en la transparencia y objetividad del proceso independentista catalán, pero pensé, quizá por aquello del seny, que al menos intentarían dar una imagen de cierto rigor de cara a la opinión pública. ¡Que ingenuidad!

Pero hay más cosas. Y es que esta nueva ley de administración electoral incluye otras perlas para el que quiera disfrutar con una antología del disparate. Además de incluir al Gobierno de la Generalitat como miembro de esa administración, también integra en ella la llamada Sindicatura Electoral de Cataluña –órgano nuevo y supuestamente independiente– integrado por cinco miembros. Naturalmente el truco está en que sólo serán dos los partidos –JxSÍ y la CUP– que podrán designar a los integrantes de esta llamada Sindicatura.

Y suma y sigue. El Govern quiere basar el referéndum en un censo elaborado por el propio Gobierno de la Generalitat. Atrás queda la duda de si el Ayuntamiento de Ada Colau iba a ayudar con la cesión de su censo o no. Parece que la Generalitat ha decidido evitarse problemas mayores –por si la alcaldesa finalmente se raja– y, ante la duda, han pensado que lo mejor era elaborar uno propio, manifiestamente ilegal, pues ni siquiera tiene competencias para la elaboración del mismo. Tampoco quiero pensar lo que luego pueden hacer con ese censo pero, a la vista de sus intentos recaudadores, me temo que ya tienen puestos los ojos en la financiación de esa nueva República catalana.

Y mientras tanto, y aprovechando su paso por Cataluña para bendecir a Iceta, Pedro Sánchez se permite atacar una vez más al Gobierno de Rajoy: el culpable –según él– de todo lo que pasa allí. Tiene mala suerte el secretario general de los socialistas. Siempre que abre la boca, los independentistas se la cierran.