Anticorrupción avisa sobre el papel de la Abogacía del Estado en el "caso Koldo"

La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juez del «caso Koldo» sus dudas por la «posible incompatibilidad» en la que podría incurrir la Abogacía del Estado por defender en este procedimiento al número tres del ministro Óscar Puente en Transportes, Jesús Manuel Gómez, ante la posibilidad no descartable de que acabe personándose como acusación particular si se juzga un delito contra la Hacienda pública.

Pese a que aún no ha tenido lugar la personación, desde esta rama del Ministerio Fiscal «dejan constancia», como señalan que es prescriptivo, «a efectos de evitar intereses contrapuestos» que prohíbe la Ley de Asistencia jurídica del Estado –en su artículo quinto– y que con el avance de la causa se podría dar si finalmente asume la Abogacía del Estado «la doble condición de acusación y defensa».

La imputación del actual subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, fue acordada por el juez instructor Ismael Moreno después de que así lo reclamase la propia Fiscalía. Está previsto que preste declaración el próximo día 9 de septiembre.

Su implicación en la causa se confirmó una vez que el Tribunal Supremo ratificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la supuesta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante los meses más duros de la Covid en el seno del Ministerio de José Luis Ábalos y que tendría a su antigua mano derecha, Koldo García, como principal implicado.

Los contratos que analiza el magistrado Moreno son ocho que fueron suscritos por varias entidades de la Administración con la trama por más de 51 millones de dinero público.

La Fiscalía Europea mantiene abierta, por su lado, una investigación por afectación a los intereses financieros de la UE en los contratos de Canarias y Baleares que estarían afectados por las «mordidas».