El exministro socialista José Luis Ábalos ha sido citado a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el 12 de diciembre. Y eso ha hecho saltar las alarmas en el PSOE, que vuelve a contener el aliento. Aunque no tanto por él, pues tanto en Ferraz como en el Gobierno le dan ya por «amortizado» internamente, tras los datos que han aparecido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que le implican y le sitúan como «jefe» de la trama. Lo que genera preocupación es hasta qué punto puede acabar reventando la estrategia gubernamental trazada para encapsular el escándalo en el Ministerio de Transportes, ya que Moncloa ha tratado hasta ahora de negar que hubiera ramificaciones que pudieran afectar a otros territorios gobernados entonces por el PSOE o a otras carteras del Gobierno.

En este sentido, las alarmas se disparan porque el propio Ábalos asegura que es él mismo quien tiene la voluntad de declarar y ese escenario alienta la posibilidad de que pueda tirar de la manta. «He ido yo tras la declaración», señala a LA RAZÓN, tratando de dejar claro que, en ningún caso, acudirá forzado a declarar por la Justicia, sino por iniciativa propia para dar todas las explicaciones oportunas. De esta manera, el juez ofrece ahora a Ábalos la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de dar el paso de pedir el suplicatorio al Congreso para poder proceder a investigarle y, si llegara el caso, a juzgarle.

Fuentes socialistas consultadas dan por hecho que «hablará» –en el marco de su declaración en sede judicial– porque «quiere colaborar con la Fiscalía. Ya se ha mostrado abierto a ello». A esto se limitan las escasas certezas que existen sobre este asunto, pues fuentes consultadas reconocen que «no saben a qué atenerse» con el que fuera todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Dirigentes socialistas le definen como una «bomba de relojería». «La clave es saber si está desactivada o está a punto de explotar», resuelven.

Por el momento, Ábalos ha medido los tiempos y los desafíos. Tras su imputación, ha pasado de una sobreexposición mediática delirante –con múltiples versiones en entrevistas que ya destapan sus mentiras– a una desaparición forzosa para no seguir perjudicando su estrategia de defensa. En todo caso, en lo que respecta a su partido y al Ejecutivo ha lanzado algunos mensajes, bajo el radar, a la frecuencia precisa para que «el que quiera entender que entienda». «Ábalos ha deslizado que él no se va a comer esto solo», señala a este diario un dirigente de peso.

El discurso que el exministro mantiene en privado es que se ha convertido en un «chivo expiatorio» para su partido, que ha querido depurar todas las responsabilidades a través de su persona. Considera una «traición» que se iniciara una auditoría «deficiente, sesgada e incompleta» en el Ministerio para destapar presuntas irregularidades, unas acusaciones contra Óscar Puente que, no obstante, no preocupan en Moncloa. El temor es que los tentáculos puedan llegar más allá de Transportes, a otras administraciones, y miran directamente al entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien Ábalos habría apuntado directamente. También a Francina Armengol, entonces presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, con el efecto de desestabilización institucional que esto supondría.

[[H3:«Sin noticias» del PSOE]]

En todo caso, está por ver qué movimientos se producen hasta el próximo 12 de diciembre. «No tengo noticias del PSOE», señala Ábalos a este periódico, negando que haya habido contactos con los socialistas, aunque en los próximos diez días las cosas pueden cambiar. El exministro tampoco parece que espere ningún gesto del PSOE ya que los socialistas «han hecho todo lo contrario» hasta ahora. No obstante, el temor a que pueda colaborar con la Justicia puede llevar al PSOE a abrir una vía de comunicación que permita contener los daños que pueda ocasionar la declaración de Ábalos, quien, por el momento, únicamente ha dirigido su «guerra» contra el ministro Óscar Puente, por ser quien hiciera pública una auditoría interna de Transportes sobre la compra de mascarillas a la empresa de la trama. De hecho, Ábalos se ha casi alineado con el Gobierno y el PSOE en su defensa contra las acusaciones de Víctor de Aldama y, tras la declaración del empresario, el exministro publicó un comunicado quitándole toda la credibilidad, reforzando el mensaje que había lanzando Moncloa. La causa de Ábalos, ahora en el Supremo, se convierte en un nuevo frente judicial para todo el Gobierno.