Complejas tramas de corrupción política y económica derivan desde hace años en extensas investigaciones judiciales. Los magistrados de la Audiencia Nacional tienen que lidiar durante los últimos tiempos con nuevas formas de delincuencia organizada; con presuntas mafias (rusa y china) que han blanqueado cuantiosas sumas de dinero al extranjero; con ex directivos de cajas de ahorro que multiplican sus pensiones dejando a las entidades que presidían al borde la quiebra; debiendo dar respuesta judicial a las denuncias de miles de afectados por supuestas estafas en sociedades de inversiones y numerosos otros casos de corrupción como el de la SGAE o «Gürtel» (en el que hasta el momento el único condenado es el juez que abrió la investigación, Baltasar Garzón, por ordenar grabar las conversaciones de los supuestos cabecillas con sus abogados en prisión). Procesos interminables que se inician, en muchos de los casos, con un buen número de imputados en prisión provisional y que se prolongan durante años por la complejidad de las redes que se investigan y la ya endémica lentitud de la maquinaria judicial. Esto obliga a dejar en libertad a muchos de los detenidos encarcelados de forma preventiva, porque la legislación procesal establece que un detenido sólo puede permanecer un máximo de dos años en prisión provisional, prorrogables otros dos en casos de especial gravedad. Esas complejas investigaciones que se prolongan durante años obligan en muchas ocasiones a dejar en libertad a los imputados, previo pago de fianzas millonarias que a medida que transcurre el tiempo se reducen a medida que mengua el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En la actualidad, el tribunal acumula 16 complejos procesos judiciales en los que hay más de 400 imputados por distintos delitos relacionados con la corrupción. De ellos, tan sólo ocho (siete del «caso Marsans» y uno del «caso Emperador», ambos muy recientes) permanecen en prisión provisional. Desde luego, no todos los imputados tienen por qué ser finalmente procesados y sentarse finalmente en el banquillo, aunque la mayoría de los que, en los últimos años, han llegado a juicio se han saldado con sentencias condenatorias. Gescartera, el fraude del lino o PSV, sin ir más lejos.

Juzgado nº1: «caso marsans»

La Audiencia Nacional imputó en febrero de 2012 al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por un presunto delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,4 millones de euros procedentes de los clientes del grupo Marsans, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz. El juez imputó también por el mismo delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y que también compró Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.

«Banco de Valencia»

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció ante la Audiencia Nacional al ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra; a su esposa; al empresario Eugenio Calabuig y a cuatro hermanos de éste; y a Aurelio Izquierdo, director financiero del banco, por los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.

La denuncia explica que los informes demuestran una instrumentalización del Banco de Valencia por parte de diversos integrantes de la familia Calabuig, a quienes el banco financiaba operaciones carentes de toda racionalidad económica. Se investiga la concesión de créditos a la firma Agval, para hacerse con el control del 33,42% de las participaciones de Aguas de Valencia .

«Caso Fórum Filatélico-Aafinsa»

El 9 de mayo de 2006, los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska intervinieron las sociedades de inversión en bienes filatélicos Afinsa y Fórum Filatélico por supuesta estafa, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La investigación estimó que eran 400.000 los afectados y cifró en 3.500 millones de euros el supuesto desfase patrimonial (1.105 millones de Afinsa y 2.416 de Fórum Filatélico) y en 7.500 millones el presunto fraude fiscal. La Policía detuvo a cuatro directivos de Fórum Filatélico, entre ellos su presidente, Francisco Briones, y a cinco directivos de Afinsa, entre los que se encuentran su presidente, Juan Antonio Cano, y su fundador, Albertino de Figueiredo. El caso Afinsa, con una veintena de imputados (todos en libertad) lo lleva el Juzgado Central Número 1, mientras que el de Forum Filatélico, con una decena de imputados en libertad, ha sido instruido por el Juzgado Número 5. Ambos casos están pendientes de resolución judicial.

Cuentas bancarias en Liechtenstein

Un total de 40 personas investiga la Audiencia, ya que podrían estar incurriendo en presunto delito fiscal y que tendrían cuentas bancarias en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Todos se encuentran en libertad.

Juzgado nº2: «Novacaixa Galicia»

Las prejubilaciones millonarias de cinco ex directivos de Novacaixa Galicia es lo que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno desde el pasado mes de junio. De hecho, con el fin de garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias, Moreno les impuso una fianza de más de 10 millones de euros en noviembre de este año. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes y Julio Fernández Gayoso son los cinco ex miembros de la cúpula de esta caja gallega de los que Anticorrupción cree que hay indicios de que «acordaron mejorar sus contratos de alta dirección, en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales, con menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria».

Juzgado nº3: «CAM»

En junio de este año, el juez Gómez Bermúdez citaba a declarar como imputados a cinco ex directivos de la CAM (Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Modesto Crespo, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb) en relación con una querella admitida a trámite por presuntos delitos societarios, de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. El ex presidente de la caja, Modesto Crespo, aseguró que no tenía remuneración alguna, aunque sí que recibió 300.000 euros en dietas por asistencia. Aunque no tuvieron que ingresar en prisión, Bermúdez les impuso en julio una fianza de 25,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por daño patrimonial a la entidad.

Juzgado nº4: «Bankia»

Ninguno de los 33 imputados por el proceso judicial contra los gestores de Bankia ha tenido que ingresar en prisión, al estar todavía en una fase muy inicial de la instrucción. El caso se inició el 4 de julio de 2012, cuando la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por UPyD, y citó a declarar a Rodrigo Rato, José Luis Olivas y una treintena de ex consejeros. El magistrado Fernando Andreu les imputa supuestos delitos de falsificación de cuentas, administración desleal o apropiación indebida, y estima que el coste por el saneamiento y capitalización de la entidad supondría un coste para el erario público de 23.465 millones de euros, lo que considera «sin duda un grave perjuicio a la economía nacional».

«Caso Emperador»

Fernande Andreu coordina desde el 16 de octubre la denominada «operación Emperador», que se inició con la detención de más de 80 personas relacionadas con una presunta red de la mafia china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año. Hay ya casi un centenar de imputados. Sin embargo, tan sólo uno de ellos permanece en prisión, después de que fueran puestos en libertad una veintena de ellos, incluido el presunto cabecilla de la trama, Gao Ping, debido a que estuvieron retenidos más de 72 horas sin pasar a disposición judicial.

Juzgado nº 5: «Nueva Rumasa»

Con la Fiscalía Anticorrupción investigando a la sociedad desde marzo de 2010, Pablo Ruz admitió a trámite en junio del 2011 la querella presentada por un grupo de 68 inversores contra Nueva Rumasa e imputa a José María Ruiz-Mateos, así como a sus seis hijos varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible. Además, impuso al grupo una fianza de 13 millones de euros y ordenó la entrada y registro de las sociedades del «holding» emisoras de los pagarés. Tras la venta de Nueva Rumasa en septiembre, Ruz imputó a los nuevos dueños –Ángel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia– por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la misma causa. En total, hay actualmente 20 imputados, todos en libertad provisional.

«Sgae»

El presunto desvío de fondos en la filial de la SGAE, la SDAE, se investiga desde julio de 2011 en el marco de la «operación Saga». Nueve personas fueron detenidas en las primeras horas de la operación, entre las cuales se encontraba José Luis López Neri, presunto cerebro de la trama, y Rafael Ramos, que ejercía el control de Microgénesis. Ingresaron en prisión bajo fianza de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, después de conocerse que realizaron más de 20 viajes privados con cargo a la SGAE, según un informe de la Guardia Civil. Neri abonó la fianza el 3 de agosto, mientras Ramos lo hizo el 20 de julio. Son 14 los imputados, todos en libertad con cargos.

«Caso Gürtel»

Un centenar de personas, siete de ellas aforadas, han llegado a estar imputadas en algún momento dentro del «caso Gürtel», instruido en principio por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre una presunta trama de corrupción. El caso pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo. Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, ingresó en la cárcel en febrero de 2009 y, tras pasar casi tres años y medio en prisión provisional, salió de ella tras abonar una fianza de 200.000 euros, rebajada hasta en cuatro ocasiones. Otros imputados de la trama son Pablo Crespo, Arturo González Panero o Antoine Sánchez.

«Pretoria»

El 27 de octubre de 2009, Baltasar Garzón ordenaba el inicio de la «operación Pretoria», una presunta trama de corrupción urbanística en Barcelona que salpicó de lleno a Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) y al PSC. El 1 de abril de 2010, Luis García abonaba los 500.000 euros de su fianza, por lo que ninguno de los 17 imputados está ya en prisión. La investigación descubrió un grupo organizado «con una compleja red» de tráfico de influencias «para controlar» proyectos urbanísticos en Santa Coloma, cuyo dinero obtenido luego se blanqueaba en paraísos fiscales como Suiza o las islas Caimán. Dos días estuvieron en prisión Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, antes de abonar sus respectivas fianzas, mientras que otros cuatro imputados, entre ellos Lluís Casamitjana y Josep Singla (500.000 euros), abonaron en el acto las cuantías.

«Caja Castilla-La Mancha»

La polémica gestión de Hernández Moltó e Ildefonso Ortega al frente de Caja Castilla-La Mancha , que originó un agujero superior a los 3.000 millones de euros, poniendo en peligro los depósitos de más de un millón de impositores y los puestos de trabajo de 8.000 personas, les han costado la imputación de la Audiencia Nacional. Manos Limpias denunció que CCM concedió créditos a empresas que se encontraban a las puertas de la suspensión de pagos o que Moltó gastó, supuestamente con cargo a la caja, 10.000 euros en un viaje a Perú de ocho días y cobró 340.000 euros antes de la intervención.

«Operación troika»

El 13 de junio de 2008 se iniciaba la denominada «operación Troika», desarrollada en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid con la detención de una veintena de personas. Con ella se desarticulaba la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, una de las cuatro estructuras criminales rusas más importantes del mundo. Detuvieron a sus principales jefes, residentes en España, desde donde ordenaban asesinatos, dirigían el tráfico de armas y de drogas, la extorsión, cohecho, contrabando de cobalto y tabaco, palizas por encargo y amenazas. Ingresaron en prisión provisional 14 de los 30 imputados, incluido Gennadios Petrov o Leonid Khristoforov, actualmente en busca y captura, después de que obtuvieran un permiso para poder desplazarse a Rusia pese a estar imputados en la causa procesal. Una vez allí, alegaron sufrir sendas enfermedades. Sobra decir que ninguno de ellos regresó.

«EUROBANK»

El 10 de abril de 2005, la Audiencia Nacional aceptó la competencia de las diligencias que se seguían en un juzgado de Barcelona en el que se investigaba si los responsables de Eurobank, encabezados por su ex presidente Eduardo Pascual, cometieron delitos societarios, de falsedad, de apropiación indebida y estafa. Hay 16 acusados pendientes de que se dicte contra ellos apertura de juicio oral. El número de afectados ascendió a 16.500 tras la suspensión de pagos de la entidad en el año 2004.

Juzgado nº6: «caso crucero»

A los nueve implicados se les imputa alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros delitos, relacionados con la crisis y el vaciamiento del grupo Marsans. Los principales imputados en el «caso Crucero» son el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Iván Losada y Ángel de Cabo. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó a principios de diciembre prisión para siete de los nueve detenidos. Las fianzas aplicadas a los principales implicados superan los 110 millones (50 millones para De Cabo, 30 para Díaz Ferrán y otros 30 para Losada).