Los dirigentes secesionistas tendrán que asumir graves sanciones económicas si siguen adelante con su plan separatista.

Los miembros del Gobierno catalán pueden ser castigados con considerables multas por desobediencia y malversación si llegan a celebrar el referéndum del próximo 1 de octubre. La gran novedad esta vez es que el Ejecutivo central atacará directamente el bolsillo de los organizadores de la nueva cita ilegal, lo que supondría un duro varapalo al patrimonio del presidente, Carles Puigdemont, su segundo, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros que conforman el Govern: en total, más de tres millones de euros para resarcir al Estado con el que están empecinados en «desconectar».

La decisión del Tribunal de Cuentas conocida ayer de iniciar los trámites para que Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros Francesc Homs e Irene Rigau hagan frente al coste de la anterior consulta ilegal, exactamente con cinco millones de euros, celebrada el 9 de noviembre de 2014, ha hecho cundir el pánico entre los dirigentes políticos empeñados en la ruptura de Cataluña con España.

Por aquel corte de mangas al Estado, Mas fue condenado a dos años de inhabilitación, además de a una multa de 36.500 euros, mientras que Homs fue sentenciado a un año y un mes de inhabilitación, junto con una sanción de 30.000 euros. Las multas de Ortega y Rigau ascendieron a 30.000 y 24 euros, respectivamente. La Policía investiga los movimientos bancarios de los cabecillas del 9-N para tratar de recuperar el dinero defraudado, pese a todas las advertencias de que aquello que hacían estaba fuera de toda ley.

En la misma dirección, la intención del Gobierno de Mariano Rajoy es que los miembros del actual Govern tengan que asumir de su propia cartera las sanciones económicas que podría acarrear el desafío secesionista del próximo 1 de octubre. Unos y otros podrían verse obligados a devolver hasta el último céntimo del dinero público utilizado de forma irregular, 5,1 millones de euros el 9-N (contabilizando ordenadores portátiles, labores de apoyo informático y publicidad) y una cifra por delimitar aún para el pretendido referéndum de independencia que pretenden celebrar el próximo 1-O.

Por la vía penal, y en caso de ser condenados por un delito de desobediencia, podrían tener que abonar una multa de hasta 144.000 euros. Y si lo fueran por el delito de malversación de fondos públicos –que no se reclamó para el ex presidente Mas–, podría exigírseles responsabilidad civil, y ser obligados a devolver lo malversado. ¿Cuánto dinero está en juego esta vez en las carteras de Puigdemont y el resto de responsables políticos catalanes? La cifra ascendería, al menos, a los 3,348 millones de euros que han declarado. Según sus declaraciones de bienes, acumulan propiedades inmobiliarias, cuentas corrientes, títulos y planes de pensiones por esa cantidad. Tan sólo cubrirían la mitad del coste del referéndum. Además, suman unas deudas de más de 900.000 euros en hipotecas y créditos al consumo.

Según los datos proporcionados por la web de la Generalitat, el presidente catalán, Carles Puigdemont, tiene un patrimonio activo de 294.000 euros, aunque el primero en este apartado es el titular de Territorio, Josep Rull, que declaró al principio de la legislatura un patrimonio inmobiliario por valor de 830.000 euros, fruto de una herencia familiar. También posee cuentas y un plan de pensiones por otros 90.000 euros. En segunda posición se encuentra el vicepresidente Oriol Junqueras, con un patrimonio inmobiliario de 160.000 euros, así como con cuentas, acciones y plan de pensiones por otros 234.000 euros.

Diversos consejeros tienen un saldo negativo si del valor declarado de sus bienes se restan créditos e hipotecas pendientes. Así, Santi Vila tiene activos por cerca de 148.000 euros y deudas por 196.000; Carles Mundó, por 111.00 y 129.000, y Meritxell Serret, por 54.000 y 110.000.

Falta contabilizar las propiedades de la consejera Clara Ponsatí –que cuenta con activos por valor de 237.675 euros– y el importe de la vivienda del consejero Joaquim Forn –que reconoce 280.896 euros. Jordi Turull, nuevo consejero de Presidencia, está entre los que menos patrimonio declaran: 50.000 euros en bienes inmobiliarios, 69.104,18 euros en cuentas corrientes , 42.966,74 de ellos en planes de pensiones. El más «pobre» es Toni Comín, titular de Salud. Sólo declara unas cuentas con 44.000 euros. Vive de alquiler.

El vicepresidente Junqueras y Jordi Turull han declarado que si hace falta montarán una caja de resistencia para pagar las multas del 9-N, pero quizá luego tengan que preparar otra para las sanciones del 1-O. Y hurgar hasta el fondo de sus monederos, a lo que no estaba dispuesto el que fuera consejero de Empresa Jordi Baiget, que dijo estar preparado para la cárcel, pero no a hacer frente con su patrimonio. Después siguió una purga con la salida de otros tres consejeros del Govern, los que han puesto a salvo sus bienes tras haberse «echado a un lado».