Las acusaciones contra la “trama Púnica”, a revisión por la reforma de la malversación

La reforma de la malversación sigue avivando el debate sobre las consecuencias penales para acusados por casos de corrupción. Tras el “caso Acuamed”, la Audiencia Nacional ha dejado de nuevo en manos de la Fiscalía una posible rebaja de penas para los acusados en una de las investigaciones más mediáticas del tribunal: el “caso Púnica”, que también puede verse afectado por esa rebaja de penas en los casos en los que el autor de la malversación no se ha enriquecido personalmente con los fondos públicos desviados de su legítima finalidad.

El juez Manuel García Castellón ha instado a la Fiscalía a que, en el plazo de cinco días, se pronuncie sobre si esa reforma penal “pudiera afectar al delito de malversación” por el que están investigados los encausados en cuatro piezas del “caso Púnica”. El instructor quiere saber si Anticorrupción mantiene sus acusaciones o, por el contrario, pide el archivo de la causa respecto a alguno de los investigados que forman parte de la supuesta trama corrupta tejida en torno al exconsejero madrileño.

Entre las piezas de “Púnica” por las que el instructor pregunta a Anticorrupción figuran la investigación por la supuesta financiación irregular del PP madrileño en las campañas electorales de 2007 y 2008, en la que la Fiscalía no ha presentado su escrito de acusación, y en la que se archivó el procedimiento respecto a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González.

También en el caso del “cártel del fuego”

El magistrado también se ha dirigido al Ministerio Público y a las acusaciones personadas en el caso del “cártel del fuego” para que se pronuncien si mantienen su calificación en dicho procedimiento. En esta causa está procesado, junto a otras 16 personas, el exconsejero valenciano del PP Serafín Castellano por supuestos amaños en adjudicaciones a un empresario de contratos de extinción de incendios.

Aunque el juez ya dictó auto de apertura de juicio oral, García Castellón considera que ahora “concurren circunstancias excepcionales que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación del Ministerio Público”.

“Dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación del que se acusa a los encartados, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio fiscal para que informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, mantiene la calificación”, indica el magistrado en su auto.