Podemos amenaza con no acatar la decisión del TC e insta al Parlamento a desobedecer

La tensión ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional paralice la reforma del Código Penal para modificar la fórmula de elección de los miembros del CGPJ, ha escalado en Moncloa, a la vez que divide la estrategia de actuación, si se produce.

En el Gobierno, el ala morada trata de marcar el rumbo y presionar al PSOE hablando ya de desobediencia implícita al Tribunal de Garantías en el caso de que se paralice la votación en el Senado de este jueves. Una posición de rechazo en la que se quedan solos y que contraviene la decisión de la líder del espacio de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, de acatar la decisión que tome el Alto Tribunal y echar mano, después, a todas las herramientas jurídicas, a su alcance, como un último recurso a Estrasburgo, según fuentes de la vicepresidencia. Así, la vicepresidenta desautoriza a los morados y se niega a hablar de «golpe de estado» como señalan los de Ione Belarra. Fuentes de su entorno llaman, además, a rebajar los decibelios para evitar el choque entre instituciones.

La portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, fue quien marcó la línea de la disputa. «Pensamos que la Mesa del Congreso y del Senado tienen tanto escritos de reconsideración como elementos jurídicos suficientes para no atender lo que pudiera producirse como consecuencia de la decisión del TC». Unas declaraciones a las que se sumó el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. «Pensamos que si una orden va en contra de la propia Constitución, no habría motivos para acatar una orden como ésa», advirtió. Los morados entienden que no habría desobediencia puesto que el TC tomaría una decisión «sin competencias» al analizar que estarían usurpando del poder de decisión al Senado. En opinión de los morados, de paralizarse la votación, el TC estaría «perpetrando un golpe a la democracia». Desde la vicepresidencia se expresa sorpresa por esta reacción, después de haber negociado en conjunto los pasos a seguir durante este fin de semana. De hecho, fuentes del partido morado, una vez que el Constitucional admitió a trámite el recurso del TC, se lo toman como “muy mala señal” porque “todo indica que el ala derecha del Tribunal Constitucional tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria”. Estas fuentes creen que si el TC “se atreve a llevar a cabo un pronunciamiento para intervenir el proceso de producción de leyes en el Poder Legislativo, estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias”.

La parte socialista no se plantea el escenario de que el TC resuelva a favor de los recurso del PP. «Como demócrata, no puedo ni quiero imaginarme ese escenario», advirtió ayer la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. En Ferraz se desvía la polémica hacia el principal partido de la oposición como urdidor del bloqueo. «Ha emprendido un camino muy peligroso», censuró la ministra de Educación. «Cuando no se reconoce la legitimidad de un Gobierno ni se respeta la soberanía popular, se causa una situación de bloqueo que puede generar una crisis de la democracia sin precedentes», puntualizó.

En Ferraz se confía en llegar al pleno del jueves con la reforma tramitada, pero se deja entrever que en el caso de que el Constitucional frene la reforma, se respetará la decisión, en la misma línea que defiende Díaz. «El PSOE siempre es respetuoso con la Justicia» y «ha dado muestras de respeto a la separación de poderes», aseguran.

La posición del PSOE en esta semana ha sido la de presentar varios escritos a los recursos del PP y Vox, para evitar que prosperen. De hecho, elevaron nuevas alegaciones para contraargumentar a los dos partidos de derecha aduciendo la autonomía parlamentaria para el proceso legislativo; pidió la recusación de dos magistrados del TC porque considera que son parte afectada; y, Felipe Sicilia, presidente de la Comisión de Justicia donde se ha tramitado la ley, se personó como parte en la causa, aunque sin acuerdo con sus compañeros de la Mesa, algo que es importante porque podría quedarse sin formar parte. Desde Unidas Podemos se solicitó al TC que eleve a la Justicia Europea la vulneración del principio de imparcialidad en el que incurren los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez deben abstenerse y, de incumplirlo, considerar nulo el procedimiento.