Tras el paréntesis de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 durante este mes de noviembre, el Congreso vuelve a celebrar esta semana un Pleno ordinario que estará marcado principalmente por la Ley del “solo sí es sí”, que se ha convertido en el principal tema de actualidad política por los efectos sociales que está teniendo (el goteo de rebajas de penas a condenados por violación sigue en aumento y ya van cerca de una cuarentena) y la alarma que está generando. En este sentido, el PP usará este pleno para pedir explicaciones al Gobierno por partida triple: en una pregunta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la sesión de control; en una interpelación a la ministra de Justicia, Pilar Llop; y, con una proposición no de ley.

En concreto, la diputada Belén Hoyo preguntará a Montero sobre los efectos de la ley del “sí es sí” para las víctimas, mientras que Cuca Gamarra interpelará a Llop por el mismo motivo (habrá mucho más margen para el debate y contraponer opiniones) y ver si contempla cambios legales. Además, en una proposición no de ley (no es vinculante, pero permite posicionar a los partidos en torno a algún tema), los populares instarán al Gobierno “a revisar, por la vía de urgencia” la ley “para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación”.

Con la proposición no de ley, que se debatirá este martes, se permitirá ver cuál es nuevamente la postura de PSOE, después de que la primera reacción de los socialistas fuera pedir una revisión de la norma, aunque luego rectificaran y votaran la semana pasada en contra de una moción del PP en el Senado que también planteaba modificaciones legales en el “solo sí es sí”.

La polémica, además, está logrando resucitar a dos partidos que estaban en declive: Podemos y Vox. Ambas formaciones han encontrado mucho protagonismo adoptando un discurso duro: los de Santi Abascal acapararon focos tras acusar a Montero de tener como único mérito político ser la mujer de Pablo Iglesias, mientras que los morados han usado esas descalificaciones para “victimizarse” y desviar la atención del entuerto jurídico en el que han situado a España con esta ley y de su inicial reacción visceral contra los jueces, a los que descalificaron y acusaron de “machistas”.

Pero el Pleno tampoco quedará circunscrito a todo lo que rodea la ley del solo “sí es sí”, sino que también hay otro gran asunto: la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a petición del PP, Ciudadanos y del Grupo Mixto para que dé explicaciones sobre la tragedia de Melilla, que dejó al menos 23 muertos en la frontera con Marruecos. De esa comparecencia pende la creación de una comisión de investigación, ya que todo está en manos ahora del PP. Si los populares no acaban convencidos con las explicaciones de Marlaska, respaldarán la creación de la comisión. Todo está abierto, a tenor de lo crítico que están siendo con el ministro, al que acusan de “mentir” tras haber ido recabando pruebas (como el visionado de las imágenes del viernes) y después de las contundentes conclusiones de la BBC o el Defensor del Pueblo. Bildu, socio del Gobierno, es el partido que más énfasis está haciendo en la creación de la comisión y tiene la intención de ir hasta el final para lograrlo. Los independentistas vascos están secundados por Esquerra y queda por ver si acaban consiguiendo el apoyo de Podemos, cuya posición está en el aire.

Por tanto, el ministro sigue sin ser capaz de escapar a la polémica cinco meses después de que estallara (24 de junio) y esta semana se antoja clave para la evolución de todo este caso. Y lo cierto es que es un tema que puede ir desgastando al Gobierno a pesar de que haya retribuido generosamente los apoyos de sus socios a los presupuestos (tanto ERC como PNV y Bildu han cosechado importantes contrapartidas) con el objetivo de terminar el año de legislatura en paz y con margen para vender obra de gobierno: por ello, aspira a acabar de aprobar algunas de las leyes más icónicas para la izquierda, como la ley de vivienda (comprometida, además, con Europa para los fondos), la de secretos oficiales o la derogación de la ley de seguridad de ciudadana.

Además de los dos asuntos más candentes, el Pleno también votará otras cuatro leyes del Gobierno, que busca ampliar el marcador legislativo para no llegar a las próximas elecciones transmitiendo la sensación de haber sido un ejecutivo débil, sin capacidad para legislar y abonado al decreto. Hasta cuatro leyes verán, previsiblemente, luz verde este jueves (reforma del sector ferroviario, ecosistema de empresas emergentes, evaluación de políticas públicas y la PAC), aunque ninguna de ellas está tampoco entre las más simbólicas del Gobierno.