Presión al PSOE: votarán uno a uno la sedición

El Gobierno se quedará hoy con una foto agridulce para el recuerdo, la que será la última foto del álbum de los Presupuestos. El broche final, con la consecución de la aprobación de las últimas cuentas de la legislatura –las terceras–, no será solo la refriega de la oposición por los pactos con Bildu y sus cesiones, sino la aprobación a trámite parlamentario de la reforma del delito de sedición, que se producirá en un clima de máxima tensión entre los reproches de la oposición y la propia tensión que arrojará la votación: ningún diputado a favor de la sedición podrá equivocarse en la misma o votar en conciencia, puesto que quedará reflejado de inmediato. El PP ha logrado que ésta se produzca por llamamiento, así, tratan de apelar a los diputados del PSOE que rechazan la reforma para que la tumben con su voto y, si no lo hacen, queden señaladas sus contradicciones. A todos ellos les reclamó ayer frenar la derogación de la sedición. «No seáis cómplices», exigió la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Los populares lanzaron una campaña en sus redes sociales con el fin de poner en la diana a los diputados procedentes de los territorios más moderados y que con más contundencia se han pronunciado en contra de la sedición, como bien pueden ser Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Aragón (Javier Lambán) o Extremadura (Guillermo Fernández-Vara). «Hay barones del PSOE que están en contra de la sedición, pero la clave no es lo que se dice, es lo que se hace», dijo Gamarra en referencia a los presidentes autonómicos del PSOE críticos con la derogación del delito de la sedición. En total, el PP apela a una treintena de diputados correspondientes a las baronías contrarias a la reforma de la sedición. «Tendrán la oportunidad de ser coherentes con aquello que les dijeron a sus votantes que iban a hacer». «Es el día de la verdad», advirtió Gamarra acusando al PSOE de «abandonar el marco de los partidos de Estado». Será el sentido de votación de los diputados territoriales los que «contrastarán», según el PP, sus posiciones. Y es que, si el voto fuera en urna, están seguros de que habría sorpresas.

En la dirección socialista aseguran que todo el grupo respetará la disciplina de voto, y ven al PP instalado en la «barbarie y el insulto permanente», según denunció ayer el portavoz Patxi López. Misma respuesta por parte de la portavoz y ministra Pilar Alegría que reclamó al PP «sentido de Estado» y que « dejen de jugar a la confrontación y la división, porque la Cataluña de hoy es mucho mejor que la de 2017».

Malversación

La malversación será uno de los temas que monopolice el macropleno de mañana. Fue ERC quien apuntó a la reforma sobre este delito. En un primer momento, el Gobierno se abrió a este extremo. Los republicanos apuntaban a la necesidad de hacer una reforma a su gusto, condicionando solo la reforma para que beneficiara a los líderes del procés. En estos días, la hipotética reforma se ha ido desinflando, enfriando, tanto por parte del Gobierno como por parte de ERC, que ya no lo marca como línea roja. En Moncloa, cada vez hay más reticencia a esta reforma. Fuentes gubernamentales destacan que no se puede hacer una modificación «ad hoc» y admiten el debate que se está produciendo en el Consejo de Ministros sobre este asunto. En el PSOE esgrimen ahora que «no hay números» para la reforma, aunque ese mismo argumento, el de la minoría parlamentaria, fue esgrimido a solo unos días de presentar la reforma del delito de sedición. En ERC ven «delicado» afrontar con celeridad la modificación de la malversación y ya apuntan tanto en público como en privado que solo se acometerá si es posible, sino, no. Los republicanos ya ven suficiente la reforma del delito de sedición para dar su «ok» a los PGE aunque todavía no se han pronunciado. Mientras, esta hipotética reforma sigue dividiendo a toda la izquierda, principalmente a Unidas Podemos, los comunes se muestran a favor del cambio, pero admiten que todavía debe debatirse en el grupo parlamentario esta posibilidad. Según defienden, el delito de malversación está «mal regulado», mientras que el núcleo duro de Podemos rebaja la posibilidad de reformas.