El Gobierno quiere hacer bandera de su política de descongestión de la situación en Cataluña. Hace semanas que, desde el Ejecutivo, se inició una campaña de reivindicación de su apuesta por el diálogo y defendiendo que desde su llegada al poder se ha promovido un apaciguamiento de la tensión social y política catalana. Que la situación hoy es mucho mejor que la de 2017, un contexto que “heredaron” del Gobierno de Mariano Rajoy.

En esta línea, PSOE y Unidas Podemos presentarán “mañana mismo” en el Congreso una proposición de ley para avanzar en la comprometida reforma del delito de sedición y convertirlo en un nuevo tipo de “desórdenes públicos agravados” con penas homologables al resto de democracias europeas, que se encuadran en el entorno de los cinco años de prisión. Así lo adelantó ayer Pedro Sánchez en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta.

El anuncio se produce apenas dos semanas después de que las negociaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial saltaran por los aires por esta cuestión, según argumentó el PP. Si bien en privado, el Gobierno aseguraba al principal partido de la oposición que esto no estaba sobre la mesa fue el propio Sánchez quien confirmó a Alberto Núñez Feijóo que avanzarían en la reforma.

La decisión de cambiar el delito de sedición confirma la línea que el Gobierno emprendió con los indultos a los líderes del “procés” y tendrá un coste político importante para el partido en el contexto electoral que se abre en municipios y autonomías de cara a 2023. Varios son los dirigentes autonómicos que reniegan de esta medida que, creen, proyecta una imagen de subordinación al independentismo. El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, celebró este “paso adelante” en lo que denomina la “desjudicialización” de la política y que reivindica como fruto del diálogo entre gobiernos. ERC necesita defender su posición de interlocución con el Estado, de cara al espectro soberanista y frente a Junts, que critica que no existe ningún rédito.

El PP no ha tardado en responder en Twitter al anuncio, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, que ha dicho que “Sánchez paga puntualmente a sus socios las hipotecas que le permiten seguir en Moncloa a costa de la igualdad ante la ley. Ahora un Código Penal a la medida de los sediciosos para sacar unos presupuestos… ¡Alto precio para los españoles!”.

Por la vía de urgencia y sin los órganos consultivos

Con este paso, Moncloa vuelve a recurrir a la proposición de ley para una reforma muy sensible, para la que hasta ahora se defendía que debía contar con un amplio respaldo en el Congreso. Al optar por esta vía no solo podrá agilizar la tramitación parlamentaria, sino que también podrá sortear los informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya no se pronunciarán sobre el contenido.

Sánchez negó que la decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y recordó que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. Pero en las últimas semanas dijo que ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición. Entre ellos están los propios republicanos, que se habían opuesto hasta ahora a tocar la sedición y apostaban por la amnistía.

El presidente aseguró que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española. «Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito», recalcó.

El presidente del Gobierno recordó el apoyo que dio al Ejecutivo de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución y llegó a defender que tendría que haberse aplicado el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión. A diferencia de lo que ocurría entonces y de esa situación «heredada», subrayó que hoy se cumple la Constitución en Cataluña, el independentismo ya no está entre las principales preocupaciones y la mayoría de la sociedad catalana es favorable a permanecer en España.

Ante la respuesta que dará el PP a la medida anunciada sobre la sedición, dijo que este partido solo pone «excusas» y es evidente con su actitud que «el virus del trumpismo y el bolsonarismo circula en España» y se «envenena la convivencia». «Estamos viendo declaraciones que se descalifican por sí solas», añadió en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque sin citarla.

Sánchez lamentó también que el PP no cumpla la Constitución y siga bloqueando la renovación del CGPJ, pero aseguró que, pese a ello, no va a cambiar las mayorías para elegir a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces «porque no solucionaría nada y se entraría en una dinámica muy parecida en la que está el PP».

El presidente había venido defendiendo desde el inicio de la legislatura una reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición, que llegan ahora hasta los quince años, y adecuarlas a las de otros países europeos. Sin embargo, había explicado que no presentaba la propuesta de reforma porque no contaba con apoyos suficientes para que saliera adelante, ya que un partido clave como ERC no había adelantado su respaldo. Ahora Sánchez ha decidido dar ese paso quince días después de que el PP rompiera las negociaciones para la renovación del CGPJ argumentando precisamente que el Ejecutivo renunciaba por escrito a su pretensión de reformar las penas para el delito de sedición. Pero el presidente dijo que el PP no podía poner condiciones para cumplir la Constitución y mantuvo su compromiso de modificación del Código Penal aunque sin poner fecha concreta.