Puigdemont se la juega en noviembre: las 48 horas decisivas para salvar su inmunidad

Carles Puigdemont se la juega en Europa. La defensa del expresidente de la Generalitat afronta los próximos días 24 y 25 en Luxemburgo dos citas claves ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para intentar recuperar de forma plena su inmunidad (que ahora mantiene de manera cautelar desde el pasado mayo). En esas fechas están convocadas sendas vistas por las demandas que presentaron tanto el líder independentista como los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio reclamado por el instructor de la causa del «procés», el magistrado de Tribunal Supremo Pablo Llarena, para poder proceder penalmente contra ellos y reactivar las OEDE (orden europea de detención y entrega) con el objetivo de que Bélgica los ponga a disposición de la Justicia española cinco años después de su huida.

El día 24, sobre la mesa está la demanda de Puigdemont y los exconsellers contra el Parlamento Europeo, al que reprochan que no defendiera su inmunidad ante las pretensiones del juez Llarena. Sus defensas esgrimen la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de diciembre de 2019, que estableció que Oriol Junqueras gozaba de la condición de eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019, que en España se produjo el 13 de junio de ese año por parte de la Junta Electoral Central.

Una decisión que acarreó que un mes después, el 13 de enero de 2020, el entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ratificara la condición de eurodiputados de Puigdemont y Comín, horas antes del que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio (cuya concesión conlleva la pérdida de la inmunidad parlamentaria).

Sin jurar la Constitución

La defensa del expresident también ha puesto sobre la mesa la posterior resolución del propio TGUE, que el 6 de julio de 2022 ratificó –al rechazar los recursos de Puigdemont y Comín contra varias decisiones del presidente de la Eurocámara negándoles la condición de eurodiputados con anterioridad a la decisión del TJUE de diciembre de 2019– que ambos «adquirieron la condición de diputado europeo en esa fecha» (13 de junio de 2019) «y disfrutaban en consecuencia, por ese mero hecho, de la inmunidad» para desplazarse libremente entre las distintas sedes parlamenterias europeas para realizar su trabajo de eurodiputados.

En esa sentencia, el TGUE dejó claro que la imposibilidad de que asumieran sus funciones no derivaba de la negativa del Parlamento Europeo a reconocerles su condición de eurodiputados, sino de la obligación que impone el Derecho español de jurar o prometer la Constitución de forma presencial para reconocerles como tales, algo que no hicieron (porque de poner un pie en España serían inmediatamente detenidos), lo que motivó que no pudieran retirar sus credenciales, lo que esta misma semana la Junta Electotal Central ha puesto en conocimiento de la Eurocámara. Tras esta comparecencia, se espera que la sentencia se dé a conocer en el primer trimestre de 2023, aunque la decisión es recurrible.

15.000 folios de documentación

Pero la vista más decisiva para los intereses de Puigdemont es la que se celebrará al día siguiente a partir de las 9:30 ante el TGUE con el suplicatorio y la pérdida de la inmunidad (que no obstante recuperó el pasado mayo de forma cautelar por decisión del Tribunal de Justicia de la UE) en juego. Puigdemont y sus exconsellers denuncian supuestas irregularidades en la tramitación del suplicatorio, al poner en duda la imparcialidad del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Adrián Vázquez, y cuestionan nuevamente que el Supremo sea competente para dictar las euroórdenes contra ellos.

La sesión se prevé maratoniana, puesto que tanto las defensas de Puigdemont, Comín y Ponsatí –que han aportado al procedimiento más de 200 documentos que suman 15.000 folios– como la abogada del Estado ante la UE y la representación jurídica del Parlamento Europeo expondrán sus posicionamientos.

La sentencia se espera para principios de año y también es recurrible en casación, pero fuentes de la defensa del expresident dudan de que la Eurocámara recurra la resolución si el TGUE anula el suplicatorio y devuelve a los líderes independentistas catalanes la inmunidad con carácter pleno (a la espera de ese posible recurso cuya resolución se demoraría previsiblemente alrededor de un año) . Y es que la Abogacía del Estado, como parte adherida a la representación de la Eurocámara, no puede hacerlo si no da ese paso el Parlamento Europeo.

La imparcialidad de los eurodiputados

Los abogados de Puigdemont y sus exconsellers se agarran al auto del TJUE del pasado mayo (por el que recuperaron su inmunidad cautelarmente a la espera de la decisión final sobre el suplicatorio), en el que el vicepresidente de la Cámara asume que la intervención de Vázquez y del ponente de la resolución (el diputado Angel Dzhambazki, del partido de extrema derecha Movimiento Nacional Búlgaro, del que Puigdemont cuestiona que esté encuadrado en el mismo grupo parlamentario que Vox, que ejerce la acusación en la causa del «procés») puede «a primera vista, manifestar una toma de partido o un prejuicio personal desfavorable hacia los recurrentes», lo que podría dar lugar, aventura el entorno de Puigdemont, «a la anulación de las decisiones controvertidas».

Los líderes independentistas quieren hacer valer también una sentencia del pasado octubre del TGUE (avalada por los mismos magistrados que ahora deben pronunciarse sobre el suplicatorio) en la que concluye que la imparcialidad objetiva que se exige a los cargos políticos de la UE en el ejercicio de sus funciones no puede ser «menos estricta» cuando afecta a miembros del Parlamento Europeo.

Si Puigdemont gana la batalla de la inmunidad parlamentaria y consigue tumbar el suplicatorio, el Supremo se vería obligado a cursar un nuevo suplicatorio y las OEDE en Bélgica (ahora a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por Llarena) continuarían paralizadas.