La Guardia Civil ultima un informe de “Tsunami Democràtic” que determinará el futuro de la investigación

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tiene, al menos, cinco líneas de investigación abiertas que tienen relación con el independentismo catalán y las derivadas del procés. Hace unas semanas el juez titular Manuel García Castellón alzó el secreto de una de estas causas que indaga en la creación de un CNI Catalán y una estructura digital para poner en marcha el “Consell per la república catalana”. El magistrado también ha procesado ya a los Comités de Defensa de la República (CDR) a quienes acusa de terrorismo por la fabricación de explosivos. Pero en secreto todavía está la joya de todas estas ramificaciones: la investigación sobre “Tsunamic Democràtic”. La Guardia Civil está ultimando un informe de conclusiones que determinará el futuro sobre todas estas operaciones que se han llevado a cabo desde 2017, según indican fuentes conocedoras de estos trabajos.

La Jefatura de Información de Cataluña del Instituto Armado lleva años persiguiendo a las núcleos más radicales del independentismo y reportando a la Audiencia Nacional todo aquello que iba descubriendo. La persecución de los CDR comenzó poco después de que el expresident Carles Puigdemont declarara unilateralmente la independencia para luego suspenderla. Ahí se inició una campaña acompañada por actos violentos de grupos que se organizaron en torno a estos Comités defensores de lo que querían que fuera el territorio republicano. Y las violencia y la agitación en las calles se agudizó en 2019 después de la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los líderes políticos del referéndum del 1-O.

Todos estos pasos han sido seguidos muy de cerca por la Guardia Civil en Cataluña y monitoreados por el juez García Castellón y el fiscal Miguel Ángel Carballo desde Madrid. Cuando los agentes se encontraban inmersos en la “Operación Judas” detrás de los responsables de los CDR, dieron con una reunión en un hotel de Barcelona que les hizo saltar todas las alarmas. Varios empresarios como Miguel Montero de Quadras o Ramir de Porrata-Doria (que había sido candidato a las elecciones del Parlamento de Cataluña en 2017 por JxCat) se estaban organizando con un Mossos d’Esquadra y con una decena activistas y técnicos informáticos para formar su propio servicio de inteligencia.

El juez abrió una nueva línea de investigación separada, autorizó la intervención de una treintena de teléfonos y el uso de un “software” espía por parte de la Guardia Civil para acceder a los dispositivos de los cuatro investigados que consideraban más peligrosos por sus viajes y contacto con los políticos fugados de la Justicia. Los agentes encontraron entonces que uno de los que estaba en el foco, Jordi Ros Sola, compraba “ácido nítrico” y “ácido sulfúrico”, sustancias químicas sensibles que pueden ser utilizadas para explosivos. García Castellón avaló nuevas medidas de espionaje policial y abrió otra pieza separada y secreta.

Así, se han ido desgranando distintas vías de investigación, aunque una de ellas, “Tsunami Democràtic” ha permanecido todo este tiempo bajo llave. Esta causa ha sido aderezada con información que llegó desde el juzgado de Barcelona que se hizo cargo del caso “Volho” en 2020. Allí se detuvo a empresarios y líderes del mundo independentista radical, pero una parte sensible de las diligencias viajó hasta la Audiencia Nacional.

Los responsables de la Guardia Civil han mantenido en las últimas semanas varias reuniones en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia para decidir cómo ir dando por concluidos los casos. La propia memoria de la Fiscalía este año reconocía en su Memoria anual que la etapa de 2017 a 2019 “constituyó una genuina red, coordinada y dinámica, de ejercicio de la violencia callejera” en Cataluña, pero que “ha decaído al mismo ritmo que la militancia radical ha ido abandonando la acción directa” Según fuentes de la investigación, ahora preparan un informe en el que describan los delitos y los imputados que tras años de análisis creen que podrían seguir adelante. En función del dictamen, el juez diseccionará las causas para decidir qué piezas archiva, sobre qué levanta el secreto y con qué continúa camino a juicio.

La gran interrogación en el entorno catalán sigue siendo que hay detrás de “Tsunami Democràtic”, la cabeza pensante, la plataforma que coordinaba todas las acciones violentas. Como informó este periódico, el juez ha cursado al menos una petición de información internacional porque el objetivo es conocer, entre otras cosas, cómo se financiaba todo el sistema. En el foco, indican fuentes jurídicas, hay un informático que gestionaba y coordinaba la parte digital y bajo la lupa varios hitos como la ocupación y el colapso del aeropuerto de Barcelona-El Prat que se saldó con la detención de casi 200 personas; los actos de desobediencia a la Junta Electoral durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019; el corte de la AP-7 en Girona para bloquear el tránsito de los camiones con Francia, etc.