Todo pasó hace cinco años. Tengo que reconocer que, a pesar de seguir la información política catalana desde 2008, no me acordaba del aniversario en el que Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlament de Cataluña, leyó la declaración de la República Catalana sin la presencia de los partidos constitucionalistas. Me lo recordó Carlos Alsina en su brillante editorial, del que discrepo en algunos puntos, de ayer jueves, el día del aniversario: 27 de octubre.

Hace cinco años el presidente Rajoy se reunió discretamente en varias ocasiones con el líder de la oposición Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE. Sobre la mesa, la aplicación del 155. Los socialistas discrepaban de algunos movimientos del Gobierno, pero la situación requería cooperación y apoyaron la aplicación del 155 que suspendió la Generalitat y Puigdemont, Junqueras y el resto del Govern fueron cesados. La predisposición del PSOE fue fundamental, porque Ciudadanos, comandados por Albert Rivera, estaba más en cálculos electorales. Los sondeos les daban la victoria y Rivera quería disfrutarla.

Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría utilizaron al PSC para preservar la integridad de España porque los socialistas catalanes, con Salvador Illa en la sala de máquinas, eran los únicos constitucionalistas con presencia en el territorio. Y el expresidente Montilla, con el conocimiento de Sánchez y de Rajoy, se acercó al Palau para tratar de convencer a Puigdemont de que convocara elecciones y no declarara la independencia. También el lendakari, Iñigo Urkullu, hizo de mensajero. Puigdemont quería a toda costa una carta de Rajoy que le garantizara que no se aplicaría el 155. No tuvo bastante con el compromiso de socialistas y nacionalistas vascos de que no se haría. El PSOE trató incluso de hacer una enmienda al texto donde el Gobierno no aplicaría el 155 si se convocaban elecciones. No hubo forma y pasó lo que pasó.

Hoy, cinco años después, alcanzar un pacto entre PSOE y PP es un oxímoron. Quizás, casi les digo que con seguridad, porque los roles están cambiados. El PSOE, en el Gobierno; el PP, en la oposición. Según el argumentario del PP, Sánchez está vendido al independentismo, aunque lo cierto es que ERC juega a la estabilidad del Gobierno de España. Siguen siendo independentistas, evidentemente, pero no juegan a romper absolutamente nada. La última piedra en el zapato que ha puesto Núñez Feijóo a Sánchez es rechazar de plano la reforma del delito de sedición y ponerlo como excusa en la eterna, y patética, negociación de la renovación del Poder Judicial. Una renovación que debía realizarse hace cuatro años y no se hizo porque, volvemos al inicio, el PP está en la oposición y el PSOE en el Gobierno.

Que la situación catalana ha cambiado es una evidencia. No hay veleidades rupturistas, salvo en los hooligans de Puigdemont y no por unanimidad. El 44% de Junts no quería saber nada de volver a las andadas. Hace un año y medio, el Gobierno aprobó los indultos de los líderes independentistas. Se auguró el desastre. Y no ha sido así. Ahora se trata de equiparar los delitos del Código Penal al resto de Europa, tanto en penas como en concepciones, y también se augura el desastre. No será así, porque esta reforma solo volverá a dejar las cosas en una casilla de salida en favor de la convivencia. El radicalismo independentista ha perdido la batalla y ni siquiera gana en las redes sociales. Un dato: el independentismo no ha conmemorado la efeméride de la declaración de independencia. Si lo ha hecho con el 1-O, que consideran un éxito aunque las lecturas ya no son únicas, pero han obviado hacerlo de un fracaso. Además, saben que el PSC no es Cs. Arrimadas, Rivera y más de una decena de cargos del partido naranja salieron en estampida de Barcelona para asentarse en Madrid. Illa ha hecho el recorrido contrario y el PSC, a diferencia de Cs, puede ganar las municipales. La cosa ha cambiado, pero hay algunos en la almendra de la M-30 que no lo han visto, y no lo quieren ver porque agitar el espantajo de hace cinco años sigue dando réditos.