El juez sigue el rastro del pasaporte falso de Ghali: pregunta a Argelia si lo expidió

Lejos de archivar el caso, como le ha solicitado insistentemente la Abogacía del Estado una vez apartada del procedimiento la exministra González Laya, el juez del “caso Ghali” sigue empeñado en esclarecer quién falsificó el pasaporte con el que el líder del Frente Polisario se registró en el hospital de Logroño donde estuvo ingresado mes y medio el pasado año para tratar una neumonía causada por la Covid. Una acogida avalada por el Gobierno que causó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez zanjó con su sorpresivo cambio de política sobre el Sáhara que ha soliviantado a Argel.

En una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza -que ha reconducido la investigación al esclarecimiento de la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental- ha acordado librar una comisión rogatoria a Argelia para que aclare si fueron las autoridades argelinas las que expidieron el pasaporte falso, a nombre de Mohamed Benbatouche, con el que Brahim Ghali se registró en el hospital San Pedro de la capital riojana el 18 de abril del pasado año, horas después de que su avión aterrizase en la base aérea militar de Zaragoza con el visto bueno de Exteriores y en medio del mayor sigilo diplomático.

Tal y como informó LA RAZÓN, el instructor ha adoptado finalmente la medida con el objetivo de que las autoridades argelinas certifiquen si “la fotocopia del pasaporte” que se presentó en el centro hospitalario “se corresponde en su forma con pasaporte expedido por ellas de manera regular, indicando asimismo si el número de pasaporte que figura en tal fotocopia se corresponde con expediente alguno tramitado en el servicio o departamento de tramitación y expedición de dicha documentación”, que fue emitida el mismo 18 de abril de 2021 (la Audiencia Nacional investigaba en esas fechas a Ghali por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal y apenas un mes antes se le había intentado localizar sin éxito, aunque no estaba en busca y captura). Lasala quiere además que Argel precise “si les consta como cierta la identidad de la persona que ahí se identifica, Mohamed Benbatouche, nacido el 19 de septiembre de 1950″.

A instancias de la Fiscalía

El juez del “caso Ghali” ha dado el paso a instancias de la Fiscalía, que ya advirtió de que “no consta que el documento sea falso hasta que las autoridades argelinas lo verifiquen”, y de la acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales.

El instructor remitirá también a Argelia una fotocopia del pasaporte de Brahim Ghali “que en su momento se aportó a las actuaciones por la Abogacía del Estado” para que igualmente indique si fue expedido por sus autoridades competentes y, por tanto, “se corresponde con expediente alguno tramitado en el servicio o departamento de tramitación y expedición de dicha documentación, que fue emitida el 9 de junio de 2019, precisando también si les consta como cierta la identidad de la persona que ahí se identifica -Ghali Mustapha, Brahim- nacido el 18 de agosto de 1949″.

Lasala invoca el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre España y Argelia, suscrito el 7 de octubre de 2002, que establece -recuerda- “el compromiso entre ambas partes de concederse mutuamente, a solicitud de una de ellas, la asistencia judicial más amplia posible en todos los procedimientos relativos a delitos cuya represión sea competencia de las autoridades judiciales de la parte requirente en el momento en que se solicite la asistencia”.

En el auto del pasado julio en que se negó archivar la causa después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza le obligase a apartar de la investigación a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, Lasala ya avanzó su intención de seguir investigando esa falsedad documental respecto a la cual, precisó, “puede haber diversos autores”, y de solicitar a Argelia la información ahora requerida formalmente. Pero el propio instructor admitía que el resultado de esa comisión rogatoria es “incierto en su contenido y en el tiempo de cumplimentación”. No en balde, Argelia ni siquiera llegó a contestar a la comisión rogatoria cursada por la Audiencia Nacional con el objetivo de localizar a varios exdirigentes polisarios (entre ellos el propio Ghali) que fueron investigados por la supuesta comisión de delitos de torturas y detenciones ilegales.