Los vocales discrepantes ven en el nuevo fiscal una “apariencia de vinculación” con el Gobierno

No cumple con el requisito de imparcialidad ni garantiza la imagen de independencia que debe exigirse a un fiscal general del Estado. Los siete vocales conservadores que consideran que Álvaro García Ortiz -elegido por el Gobierno para sustituir a Dolores Delgado- no es idóneo para el cargo defienden que su participación en un acto del PSOE gallego en 2019 supone “un serio impedimento” para garantizar su independencia a ojos de la ciudadanía puesto que -aseguran- crea una “apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo”.

En su voto particular, los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart aseguran que el cumplimiento de los requisitos objetivos (ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional) no plantea dudas, pero -matizan- en todo caso “no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica”.

Los vocales consideran que “su participación en actos de la fundación ligada a un partido político” supone “un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado”. Ese evento, añaden, “no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político”, en este caso el PSOE.

“Opción partidista incompatible con la neutralidad política”

Un acto que se produjo, subrayan, “en el marco singular con participación del candidato de ese partido político” a las elecciones gallegas, que se desarrolló de manera pública, “generando inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal”.

Estas circunstancias -señalan- crean por un lado “una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir”. Y, también, “no permiten la formulación de un pronóstico positivo de gestión cuando la pasada, que no le es ajena, se ha hecho acreedora de una valoración negativa”. Algo que hace, en su opinión, que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado “estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones”.

Los vocales también subrayan que su trayectoria -elegido por Delgado como “número dos” de la Fiscalía General al situarlo al frente de la Secretaría Técnica- “se liga de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la de la fiscal general recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida”. “Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad” (a Delgado), apuntan.

“No presenta los mejores avales”

En particular, hacen referencia a “algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época”, que según recalcan “no son ajenos a la gestión del candidato propuesto”, circunstancias “nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público” como el “caso Stampa” o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo “para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos” (a raíz del segundo nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores tras anular el alto tribunal el primero). Son episodios, mantienen, “que se relacionan con la gestión del candidato propuesto y nos obligan a concluir que no presenta los mejores avales para confiar en su idoneidad”.

Y en cuanto a su trayectoria al frente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, puntualizan, tampoco se ha caracterizado durante su mandato por lo que cabía esperar de ella, ni merece un juicio positivo: en todo ese período no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia”.

Los siete vocales dejan claro que el informe del CGPJ respecto al candidato a fiscal general “no es un mero acto rituario” limitado a constatar que la persona propuesta reúne los requisitos objetivos previstos en la ley.

La insistencia de Europa en la imparcialidad de la Fiscalía

Y recuerdan que el reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho 2022 indica respecto a España que “persisten dudas en cuanto a la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno” y que tanto desde el Consejo de Europa como desde diversas instancias de la Unión Europea se considera que “el estatuto independiente de los fiscales es un requisito imprescindible del Estado de Derecho”.

El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos y la propia Comisión de Venecia -insisten- han destacado “la importancia de la imparcialidad de los fiscales” y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas sentencias “se ha referido a la necesidad de que los fiscales sean autónomos en su toma de decisiones y desempeñen sus funciones sin sufrir presiones externas o interferencias”. Del mismo modo, añaden, los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa recomiendan a España “que el Ministerio Fiscal tenga suficiente autonomía para tomar decisiones independientes de la dirección ejecutiva o gubernamental”.

Una autonomía e independencia que, concluyen, no está garantizada en el caso del fiscal general que va a designar el Gobierno para sustituir a Dolores Delgado.