«En cuanto entren a etiquetar un osario del Valle de los Caídos, pediremos que se pare»

Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) halevantado la suspensión de la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas del Valle de los Caídos, la intención de Patrimonio Nacional es retomar los trabajos «tan pronto como sea posible», según señalan a LA RAZÓN fuentes del organismo público. Una respuesta que, ante el anuncio de que habrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, apunta a la espera de un fallo judicial firme.

Mientras, Patrimonio muestra «como siempre, respeto a las decisiones judiciales», y asegura que «tendrá que ejecutar el fallo» que le compete para «facilitar las obras que permitan el acceso de los investigadores al interior y que se pueda trabajar con respeto» para proceder a las exhumaciones, consciente de que «la situación de las criptas es delicada».

Sobre los temores de las más de 200 familias que se oponen a cualquier exhumación que pueda afectar a los restos de sus deudos, las fuentes de Patrimonio añaden que «no hay nada más que decir».

Por el contrario, alrededor de 80 familias de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura esperan que los trabajos se retomen de forma inmediata. El abogado Eduardo Ranz, experto en Memoria Histórica y abogado de la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, celebra la sentencia como «positiva». Ranz subraya en declaraciones a Ep que nada impide retomar los trabajos de extracción de los restos de los Lapeña en cumplimiento del fallo que lo avaló en 2016 para que vuelvan a Aragón, donde fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados a los columbarios de la cripta principal de Cuelgamuros en 1959.

Respecto al fallo del TSJM, «se trata de un pleito sobre medidas cautelares, que habitualmente dura 15 días y en este caso han sido 8 meses. La Abogacía del Estado ha hecho un gran trabajo», destaca el letrado.

La opinión de los demandantes –y, según anunciaron a este diario, futuros recurrentes ante el Supremo– es bien distinta. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica se muestran firmes. El presidente de la ADVC, Pablo Linares, asegura que «el levantamiento de las medidas cautelares es para los trabajos de afianzamiento de las criptas, aquí nadie ha hablado de exhumaciones todavía», y se remite al auto relativo a los hermanos Lapeña de abril de 2016 que estipulaba «una serie de consideraciones previas» a la retirada de restos, como el «debido respeto a la basílica como lugar de culto» y «los derechos de terceros; que son nuestros terceros, las 212 familias que han dicho a Patrimonio Nacional y han manifestado por escrito que no dan permiso para que nadie toque los restos de los suyos». «En el momento que entre una etiqueta en un osario», avisa Linares, «estaremos presentando, en nombre de una, varias o todas esas familias la paralización de las actuaciones».

«Respetamos profundamente el deseo de las otras familias pero exigimos el mismo respeto para las nuestras, ¿o es que tienen menos derechos?», se pregunta. Además, denuncia «el agravante de que está perfectamente acreditado que los restos de los nuestros se encuentran ahí, y los que están intentándolo no se encuentra probado en un porcentaje muy alto que sea así, entre ellos los Lapeña». La conclusión del presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos es que «vamos a ir hasta donde tengamos que ir».

Por su parte, fuentes de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consideran que «tiene todo el sentido» que Patrimonio aguarde a que haya una sentencia firme para actuar. «Va a pasar como ocurrió con la exhumación de Franco, que esperaron a que el fallo no tuviera vuelta atrás. Sería una vergüenza que luego fuera revocado».

La entidad defiende que «hacer butrones y boquetes [para preparar las criptas] nunca puede ser considerado una obra de mantenimiento o conservación, así que entendemos que cabría ese recurso de casación porque habría un error fáctico de primer nivel, por supuesto respetando siempre lo que ha dicho el tribunal».

Ambas entidades consideran que es este «un asunto secundario, con la que está cayendo», y que «buscar réditos electorales o políticos no va a arañar ni un solo voto, como se ha demostrado en Andalucía; la gente quiere soluciones para los vivos, no mirar hacia el pasado». Así pues, aventuran «una larga batalla judicial, porque todavía no se ha dicho la última palabra. Conviene tener prudencia y esperar a que la Justicia acabe por resolver».

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los magistrados han revocado el auto por el que se acordó suspender de forma cautelar la concesión a Patrimonio Nacional de la licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

Los magistrados concluyen que «no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística concedida», indicando que ello debe llevar «a estimar el recurso de apelación interpuesto por Patrimonio Nacional y, con revocación del auto apelado, denegar la medida cautelar solicitada».

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que «no se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que son las permitidas en la ficha del Catálogo. La apertura de huecos sería restituible al estado anterior sin excesiva dificultad».

En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el consistorio de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

La suspensión se produjo al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entrara en el fondo del recurso interpuesto por la ADVC y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó en abril de 2021 al Ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas y que han sido reclamadas por sus familiares.