El Gobierno atraviesa sus horas más bajas tras la debacle de PSOE y Podemos en Andalucía y eso obliga a acelerar el paso con algunas de las leyes más simbólicas de esta legislatura con un doble objetivo: hacerle un guiño a sus socios, que permita recoser confianzas; y, sobre todo, eclipsar todo el ruido generado en torno a la derrota electoral. En este marco, este miércoles se ha reactivado la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática y, si nada falla, el Gobierno tiene previsto aprobarla en el Congreso el próximo 11 de julio. La previsión es que se vote en Comisión el 4 de julio, una vez acabados los trabajos de ponencia.

Lo cierto es que los partidos de Gobierno sostienen que tienen ya los apoyos atados. De momento, todo apunta a que votarán a favor PNV y EH Bildu, ya que Esquerra sigue sin acceder porque algunas de sus exigencias más importantes siguen sin ser atendidas: por ejemplo, la reparación económica de las víctimas del Franquismo, la declaración del régimen franquista como “ilegal” (esta podría acabar incluyéndose en el texto final) o la “museización” de la Prefectura de la Policía Nacional en Via Laietana. Según explican desde ERC, sí ha habido negociaciones durante estos meses, pero el Gobierno se ha avenido a aceptar pocas demandas del partido y tampoco se entiende que se haya reactivado la tramitación parlamentaria cuando aún no se había llegado a un acuerdo.

Entre PSOE y Podemos también hay cierta polémica jurídica por la interpretación de otra de las enmiendas: una relativa a los efectos de la Ley de Amnistía de 1977, que hasta ahora ha impedido juzgar crímenes del franquismo. La enmienda dice lo siguiente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Y los socialistas sostienen que la enmienda pactada entre ambas formaciones no supone ningún cambio con respecto a lo aplicado hasta ahora ya que defienden que el derecho penal no puede aplicarse de forma retroactiva, mientras que Podemos sí cree que permitirá el “fin de la impunidad de los crímenes del Franquismo”. En este sentido, el diputado morado, Enrique Santiago, ha ironizado y ha acusado a determinados dirigentes socialistas (en referencia velada al ministro de Presidencia, Félix Bolaños) por desconocer el alcance. “Es la enmienda que nos va a poner al nivel de las exigencias de la comunidad internacional. Es la piedra angular de la reforma”, ha señalado.

“Estoy convencido de que ninguna fuerza política progresista se va a quedar sin apoyar esta ley, situándose donde se va a situar la derecha y la ultraderecha”, ha señalado Santiago, en el Congreso.

Lo cierto es que la tramitación de la Ley no ha sido nada fácil hasta ahora: se aprobó en Consejo de Ministros hace un año y ha estado prácticamente congelada durante la mayor parte del tiempo (el periodo de presentación de enmiendas se agotó en noviembre). El debate de totalidad ya reflejó con meridiana claridad que el Gobierno tampoco lo iba a tener fácil: presentaron una enmienda para rechazar el conjunto del texto tanto PP y Vox como ERC, aunque por motivos distintos. La enmienda de los republicanos fue apoyada por EH Bildu, que ha pasado ahora al apoyo. Los independentistas vascos están todavía en fase de negociación y evitan desvelar qué cesiones ha habido por parte del Gobierno.