El monumento a la batalla del Ebro de Tortosa, indultado temporalmente por un juzgado el pasado verano, vuelve a ser protagonista con la puesta de largo de una propuesta de reinterpretación y la presentación de un recurso por parte de la Asociación Cultural Despierta España que busca su permanencia en medio del río.

El conjunto de 1966, instalado en la normalidad ciudadana de forma mayoritaria –un referéndum lo respaldó con un 68%– está en la diana desde que la Generalitat intentara su retirada en una fecha nada casual, el 18 de julio de 2021. Unos días antes, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona aceptó la petición de medidas cautelares por la licencia de obras que otorgó el Ayuntamiento tortosino al departamento de Justicia de la Generalitat, lo que supuso la paralización total del proceso de desmontaje hasta que no se resolvieran los dos recursos contenciosos presentados por Corembe (Colectivo para la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro), con el objetivo de evitar que sufriera daños irreparables.

En este tiempo, el Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad ha ideado una alternativa al monolito que presentará oficialmente esta tarde, un «Puente de la Memoria» que tiene el respaldo del PSC en el municipio. El proyecto plantea desmontar el conjunto e integrar los elementos en una nueva pasarela de madera sobre el río –construida sobre la pilastra actual–, con una urna de cristal en medio donde se ubicarían el águila, el soldado y la estrella del monumento original. La intención es, en palabras de Dolors Bel, secretaria de Memoria Histórica del PSC de las Tierras del Ebro, «definir su futuro» siguiendo el «camino de las propuestas y las ideas serias».

Tanto la Comisión por la Retirada de los Símbolos Franquistas de Tortosa como Corembe se mostraron en contra ya el pasado mes de marzo, recordando además sus defensores que «hasta que no finalice el procedimiento judicial, no se podrá modificar o alterar nada».

El Gobierno catalán está «decidido a la retirada» en cuanto esté libre de ataduras en los juzgados «y si no, hará una ley ad hoc para conseguirlo», asegura Alejandro Hernández, abogado de Corembe. «De momento, con la normativa vigente creo que podemos ganar, porque la descatalogación patrimonial es totalmente arbitraria, se basa en un informe municipal de medio folio sin motivación en el que no se hace ni una sola referencia a la Ley de Memoria Histórica, porque saben que no es de aplicación, ya que a partir de 1985 el monumento no tiene simbología franquista», explica el letrado.

En nombre de la Asociación Cultural Despierta España –Corembe no estaba constituida aún–, Hernández presentó el día 4 el escrito de conclusiones ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con la petición de que «se mantenga la catalogación».

Según el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «han quedado acreditados y probados», en primer lugar, «el interés histórico, artístico, arquitectónico y, en definitiva, patrimonial, que tiene» el conjunto, que «sigue siendo un bien catalogado», recordando que «siempre ha gozado de singular protección de conformidad con nuestra legislación protectora del patrimonio histórico-artístico».

Asimismo, está demostrado su «valor de documento histórico» al «recordar la batalla terrestre más importante de la trágica Guerra Civil española», en línea con lo que «ha sido recientemente dictaminado por la Real Academia de la Historia en relación con el monumento a las víctimas del hundimiento del «crucero Baleares» (ubicado en Palma de Mallorca), al reflejar el mayor combate naval de la contienda, hecho histórico de significativa importancia».

El interés por el enfrentamiento que tuvo lugar en torno al Ebro acrecienta el atractivo de un enclave que «complementa la labor historiográfica sobre la batalla más decisiva de nuestra reciente historia», sigue el escrito.

A ello se añaden los «dictámenes e informes de profesionales donde se manifiestan los innegables valores patrimoniales que concurren en el monumento desde el punto de vista histórico, arquitectónico, artístico…», obra de José Manuel Guerrero Acosta, historiador y académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Militares; Albert Curto Homedes, historiador y director del Archivo Comarcal de las Tierras del Ebro, y Javier Calzada Bau, arquitecto.

Se considera además que hubo «motivos, única y exclusivamente políticos, para proceder a modificar puntualmente el POUM de 2007 de la ciudad de Tortosa, eliminando la ficha 154 del catálogo de edificios y conjuntos urbanos y rurales de carácter histórico, artístico y ambiental, relativo al monumento». Lo que significaría, según este planteamiento, que «se ha desprotegido por motivos espurios, careciendo dicha decisión de motivación conforme a nuestro ordenamiento jurídico».

El texto del recurso abunda en que no ha habido «pérdida» de los «valores patrimoniales que fueron precisamente los que motivaron su catalogación anterior» y que «sigue formando parte del inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña».

Deja constancia además de que su «retirada y destrucción» suponen «una flagrante vulneración del art. 46 CE, relativo al deber del Estado –y, por ende, de las Administraciones Públicas– de proteger el patrimonio cultural». Junto con «una manifiesta infracción de normas del ordenamiento jurídico» y de «los tratados internacionales sobre la materia, como el Convenio de Granada para la protección del patrimonio histórico-artístico (1985), en el seno del Consejo de Europa».

«En un sentido similar», el escrito de conclusiones considera que «cabe traer a colación» el procedimiento que se dirimió en Mallorca «relativo al monumento a las víctimas del hundimiento del “crucero Baleares”, y que, «a diferencia del caso que nos ocupa, no estaba catalogado y, a pesar de ello, se ordenó judicialmente la paralización de su retirada y, posteriormente, su catalogación».