El juez que investigó a la mafia china asume la denuncia del Gobierno por el espionaje a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumirá finalmente la denuncia del Ejecutivo por el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en abril y mayo del pasado año, según confirman a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Se da la circunstancia de que Calama estaba de guardia cuando la Abogacía del Estado presentó esa denuncia en representación del Ejecutivo. Fue el propio magistrado quien la remitió al Decanato para que se asignase por turno de reparto, algo que se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana recayendo el asunto precisamente en Calama.

Calama investiga, entre otros asuntos, la quiebra del Banco Popular y la supuesta estafa piramidal mediante criptomoneda a través de Arbistar. Además, el magistrado investigó el “caso emperador” y mandó al banquillo recientemente a Gao Ping y a otros 101 procesados por blanqueo y fraude fiscal, entre otros delitos, en el marco de una supuesta organización criminal.

Estaba de guardia cuando se presentó la denuncia

¿Por qué no asumió el juez de guardia la investigación? Según las normas de reparto, el juzgado que se encuentre de guardia asume la competencia de «los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma siempre que los hechos hayan ocurrido en el transcurso del periodo de la guardia de dicho juzgado o al menos a partir de las 24 horas del viernes anterior al comienzo del mismo». Dado que el supuesto espionaje se produjo el pasado año, como se encargó de recordar el juez Calama en la resolución en la que acuerda la medida, lo procedente era «remitir dicha denuncia al Juzgado Central de Instrucción Decano» para que se reparta por riguroso orden de reparto.

En la denuncia, los Servicios Jurídicos del Estado señalan que el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa realizados el pasado 30 de abril por el CERT Gubernamental Nacional –el servicio de respuesta a incidentes de seguridad de la información del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI– puso de relieve que los terminales “fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus –software espía de dispositivos móviles– entre los meses de mayo y junio de 2021». Los Servicios Jurídicos del Estado adjuntaron a la denuncia ese informe del CERT.

Según las fuentes consultadas, la denuncia del Gobierno no se dirige contra nadie en particular, lo que complicaría su tramitación ante la posible comisión de unos hechos delictivos «de autor desconocido». En todo caso, será el magistrado que finalmente se haga cargo de la misma quien deberá decidir al respecto.

Salvo un improbable rechazo de plano, ante la existencia de indicios de delito lo previsible es que el instructor abra diligencias previas para, en la misma resolución, dar traslado de la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, para que se pronuncie, por un lado, sobre la competencia del tribunal para asumir la investigación y, por otro, sobre la existencia de indicios suficientes para abrir un procedimiento penal y practicar las diligencias oportunas para esclarecer los hechos denunciados.