Imputarle para que pueda colaborar. Esa es la intención de una de las acusaciones que ha pedido que se investigue a un empresario que está pendiente de extraditar a Guatemala en el marco del “caso Pit” de la Audiencia Nacional . William Anthony Schwank fue detenido a finales de febrero e ingresó en prisión provisional a la espera de que se resuelva la devolución al país sudamericano. La Fiscalía Anticorrupción pidió que antes declarara en esta línea de investigación de la macrocausa “Tándem” que afecta a los hermanos Pérez Maura porque su testimonio podía esclarecer cómo se fraguaron las mordidas por adjudicación del millonario Puerto de Queztal en Guatemala. Así lo acordó el juez Manuel García-Castellón, pero llegado el día Schwank enmudeció.

“Yo no he escuchado bien antes porque hay muy mala comunicación, voy a tomar mi derecho a no declarar”, dijo desde la cárcel el pasado 11 de marzo el empresario. Aunque estaba citado en calidad de testigo, el magistrado permitió que estuviera asistido de abogado por la orden guatemalteca que pesa sobre él. Fue el letrado quien mostró un cartel: “No va a declarar”. Sin embargo, una de las acusaciones señala que Schwank hizo bandera de la cooperación en diversos escritos cuando lo detuvieron el 24 de febrero: “mediante sus abogados guatemaltecos y españoles ha mantenido contactos en los últimos años con el Ministerio Público de Guatemala y la Fiscalía Anticorrupción española. El objetivo de todo ello es claro: colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos pero garantizando un mínimo de seguridad para mi mandante”.

Desde abril de 2016 un juez de Guatemala persigue a este empresario por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude por su participación en esta operación de construcción de una mega infraestructura portuaria que se saldó con la detención del expresidente del país Otto Pérez Molina. La terminal se adjudicó sin licitación pública a las empresas de los hermanos Pérez Maura, según la investigación, previo pago de comisiones de hasta 30 millones de dólares. Días más tarde de que el juez dictara la orden de detención de Schwank este se encontraba en Madrid según una fotografía que presentó su defensa en la que aparece en Cibeles.

La acusación cree “que la única forma en que el Sr. Schwank López pueda materializar, sin limitación alguna, su voluntad de colaboración con las autoridades españolas”, según un escrito presentado el pasado 11 de abril al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Este documento señala que fue el 20 de abril de 2016, cuando Schwank ya estaba en Madrid, que la Interpol publicó una notificación roja para que se le detuviera por haber participado en la negociación de este contrato. Un día después Ángel Pérez-Maura se reunió con el comisario José Manuel Villarejo, con su socio Rafael Redondo y con el abogado Enrique Maestre, entre otros. La acusación señala que no hay nada de casual en esto y que todos los que están siendo investigados en el procedimiento ayudaron al empresario guatemalteco a acceder a Europa.

Para ellos es palmario que la mano de Villarejo está detrás de todas las actuaciones que los Pérez Maura realizaron para borrar cualquier huella del pufo que presuntamente habían organizado en Guatemala. Cabe recordar que en esta investigación está bajo el foco el hecho de que el comisario tratara de evitar la extradición de los hermanos haciendo uso de contactos en la Audiencia Nacional.

El encargo efectuado por Pérez y Cía [empresa de los Pérez Maura] a Cenyt [entramado empresarial de Villarejo] consistió en realizar: “una detallada, minuciosa y específica labora de asesoramiento destinada a la defensa de los legítimos intereses de Pérez y Cía frente a la crisis legal, reputacional, económica y de otras índoles a la que está siendo sometida”. Una labor, que según el propio documento de encargo se iba a desarrollar conjuntamente en “Estados Unidos de América, República de Guatemala y España”.

No es despreciable el hecho de que en unos mensajes intercambiados entre los hermanos Pérez Maura, el abogado Enrique Maestre y otros asesores flirtearan con la posibilidad de pedir ayuda al expresidente del Gobierno, Felipe González, (a quien ponen el mote de “Pelo blanco”) para que les ayudara a gestionar el desastre en Guatemala. El escrito de la acusación señala que si William Anthony Schwank lleva años viviendo en Barcelona ha sido gracias al refugio que le han buscado el resto de los investigados.

Esta pieza número cuatro del macrocaso de Villarejo es una de las que camina más lenta porque la pata internacional dificulta la fluida circulación de documentos. No obstante, después de meses de espera Guatemala remitió la documentación que los investigadores habían solicitado y, según fuentes jurídicas, ésta se encuentra siendo analizada por la Fiscalía Anticorrupción. Se espera que una vez termine este trabajo pueda darse un impulso a las pesquisas.