La trama parecía fácil.Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sa Ferreira van un primero de noviembre de 2015 a un centro Ikea en Alcorcón (Madrid) y les roban un abrigo con un Sony Xperia en el bolsillo. Ella era en ese momento asesora de Pablo Iglesias cuando Podemos era un recién nacido en el Parlamento Europeo por lo que las conversaciones de su móvil, las fotos y demás asuntos relacionados con el partido algo valían. Ponen denuncia, pero no pasa nada. Dos años después, la Policía detiene al comisario José Manuel Villarejo y en el registro de su casa: bingo. Encuentran el material que había en la tarjeta y que, además, varios medios de comunicación habían estado publicando como conversaciones del líder morado sobre «querer azotar hasta sangrar» a la presentadora Mariló Montero.

Todo apuntaba a una operación de la llamada «policía patriótica» para poner en la picota a Podemos durante el mandato de Mariano Rajoy. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de entre todo lo que indagaba sobre Villarejo -nada menos que 30 piezas separadas- abre una línea de investigación, la número 10 que bautiza como «caso Dina», y avanza en esta tesis. Ofrece a Bousselham y a Iglesias ser perjudicados después de interrogarlos en 2019 porque todo conduce a que han sido víctimas de las tretas del comisario. Pero poco después del confinamiento, y con Iglesias ya convertido en todo un vicepresidente del Gobierno, la causa da un vuelco.

Los ingredientes los componen un informe de la Policía sobre la destrucción de la tarjeta, las declaraciones contradictorias de la exasesora del político y el aderezo del relato de un exletrado de Podemos, José Manuel Calvente. El magistrado -en ese momento de la mano con la Fiscalía Anticorrupción- llega a la conclusión contraria a la que había dibujado hasta ese momento. Para García Castellón Iglesias ha sacado «rédito político» de haberse inventado una campaña contra él orquestada desde el Ministerio del Interior cuando, en realidad, él tuvo la tarjeta en su poder durante un año sin devolvérsela a Bousselham y, además, cuando lo hizo ésta estaba inservible.

Este sábado terminaba el plazo de la instrucción y el juez ha decidido no alargarlo más. Todavía tiene que escuchar declarar de nuevo a Bousselham, a su entonces pareja y al que fue Director Adjunto de la Policía Eugenio Pino porque así lo mandó la Sala de lo Penal, pero como no espera nada nuevo ha decidido poner fin a la fecha para indagar. Sin embargo, el «caso Dina» termina su recorrido judicial con muchos interrogantes.

El primero de todos: quién destrozó la famosa tarjeta. Bousselham inicialmente explicó que cuando Iglesias se la devolvió ya era inaccesible, pero más tarde sostuvo que sí, que pudo ver su contenido una vez y que fue luego, al volver a usarla, cuando estaba rota. Su entonces pareja Sa Ferreria intentó recuperar el contenido a través de una empresa con sede en Gales. Según los informes policiales que obran en el sumario, la tarjeta llegó allí «físicamente intacta», pero ya no se podía analizar su interior. La Policía Científicaha tardado casi un año en elaborar su último informe. Los agentes debían resolver quién había tenido el último acceso, cuándo se había producido y cómo se había destruido el dispositivo. A pesar de haber trabajado de forma conjunta con los técnicos de Samsung -a quien el juez requirió- no han conseguido despejar ninguna de las incógnitas.

En segundo lugar, por qué Villarejo tenía en su chalet varios pendrives y un disco duro con carpetas llamadas DINA 2 y DINA 3. Los investigadores han trazado el camino del cómo pero no del porqué. Dos periodistas de la revista Interviú se lo entregaron (igual que a Iglesias a quien le mostraron todo el material que había llegado a su redacción y que decidieron no publicar). Ambos - imputados por revelación de secretos- han defendido ante el juez que si le dieron la información a Villarejo fue porque éste, que era comisario de Policía, se los requirió. Él mismo lo corroboró. La tarjeta tenía «interés policial». Pero la incógnita está en saber si el entonces DAO Eugenio Pino (una de las declaraciones que el juez tiene pendientes) realmente ordenó hacerse con el material o si fue una actuación de Villarejo con algún otro fin. Este, además, es uno de los principales reproches de Podemos al juez: que ha tornado la causa en una caza a Iglesias en lugar de buscar quién robó la tarjeta y por qué el comisario más investigado de España tenía una copia.

El tercer enigma se centra en por qué el líder de Podemos se guardó la tarjeta durante un año sin entregársela a su dueña. La tesis que García Castellón presentó al Tribunal Supremo cuando solicitó la imputación del vicepresidente fue que éste vio que Bousselham lo había traicionado haciendo pantallazos de sus conversaciones (las que luego se publicaron) y, enfadado, destrozó la tarjeta. Los dos periodistas se la dieron en enero de 2016 y el juez sitúa la fecha el traspaso a Bousselham en el verano de 2017.

Pero sin todas estas respuestas y con el perdón de la exasesora morada la instrucción ha llegado a un punto de no retorno. Si Dina Bousselham no quiere denunciar a su exjefe (ella siempre ha dicho que lo perdona) los delitos que García Castellón pretendió imputarle como el de revelación de secretos no se sustentan. Y sin un informe concluyente de los motivos de destrucción de la tarjeta, no se puede achacar ni a Iglesias ni a ninguna otra persona el delito de daños informáticos. Así una de las piezas más mediáticas de toda la causa «Tándem» queda compuesta de más enigmas que certezas después de casi tres años de investigación.