A las dos de la tarde de ese 23 de enero de 1995 del que hoy se cumplen 27 años, el etarra Valentín Lasarte vio la oportunidad tras varios días de vigilancia. Lo había advertido a los terroristas encargados de apretar el gatillo, Javier García Gaztelu, «Txapote», y Juan Ramón Carasatorre: «El objetivo no es nada sencillo». Y no lo era porque no tenía una rutina de horarios y costumbres. Pero esa mañana, el concejal Gregorio Ordóñez, presidente del PP en Guipúzcoa, salió del Ayuntamiento donostiarra y se fue a comer al «bar La Cepa», en la parte vieja de San Sebastián. Lasarte, según detalló tras ser detenido, acudió entonces a avisar a los dos pistoleros, que esperaban la ocasión en un piso del barrio de Gros. El concejal se encontraba comiendo en la primera mesa de costado a la puerta, les informó. Minutos después, Ordóñez fue asesinado.

No fue un asesinato cualquiera, sino uno de los primeros que marcaba la nueva estrategia de la banda criminal tras la desarticulación de su cúpula en Bidart (Francia) en 1992. A partir de julio de 1993, el objetivo prioritario eran militantes y dirigentes del PP y del PSOE. Se trataba de «desestabilizar» al Estado para forzar al Gobierno a sentarse a negociar.

«Txapote», Carasatorre y Lasarte fueron condenados por el asesinato de Ordóñez, pero ¿quién dio la orden? La Guardia Civil no tiene dudas de que esas instrucciones partieron de la cúspide de ETA en Francia, unas conclusiones que los agentes plasmaron en julio de 2015 en un voluminoso informe (posteriormente actualizado en 2016) que ha llevado a la Audiencia Nacional a investigar a cinco ex dirigentes de ETA por su supuesta responsabilidad en el atentado. Y es que, según la Guardia Civil, Mikel Albisu «Mikel Antza», Ignacio Gracia Arregui «Iñaki de Rentería», José Javier Arizkuren Ruiz «Kantauri», Julián Atxurra «Pototo» y Juan Luis Aguirre Lete «Isuntza» habrían participado al menos «en la toma de decisión del asesinato de Gregorio Ordóñez».

«Mikel Antza», ex responsable del «aparato político», ya ha declarado por videoconferencia ante el juez Alejandro Abascal, que le prohibió salir de España, negando cualquier responsabilidad en el atentado. El siguiente en comparecer será «Iñaki de Rentería», antiguo jefe de los aparatos «militar» y logístico de ETA entre mediados de 1992 y el 15 de septiembre de 2000, cuando fue detenido.

Los “comandos” eran “un mero instrumento” de la cúpula etarra

Según detalla la Guardia Civil en ese informe –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, como integrantes del comité ejecutivo de ETA, los cinco investigados jugaron un «relevante papel» en relación a las órdenes impartidas para asesinar al concejal del PP. En esos años, recalcan los agentes (que recientemente ratificaron sus conclusiones ante el instructor), «nada se hace, nada se mueve en ETA que no conozca y coordine y en la mayoría de los casos autorice el comité ejecutivo».

Era la cúpula etarra la que, añaden, se ocupaba de «controlar y dirigir toda la actividad» de ETA «a través de una red de enlaces encargados de transmitir sus directrices». Y aunque sus integrantes, precisa la Guardia Civil, «no están física y personalmente en cada uno de los movimientos, acciones, atentados terroristas», el comité ejecutivo sí es el encargado de «diseñar la estrategia» de ETA y de «dirigir todos los medios para conseguir llevarla a cabo». Todos los «comandos», subraya, eran «un mero instrumento» de la cúpula dirigente.

En un boletín interno intervenido en julio de 1993, la nueva estrategia de la dirección etarra, que había tomado las riendas tras el golpe policial en Bidart (fueron «Mikel Antza» e «Iñaki de Rentería» quienes lograron «sacar a la organización terrorista de su letargo»), ya estaba clara. «El día que vayan al funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa quizás piensen que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en una caja de pino y con los pies por delante)», aleccionaba la banda criminal a sus militantes.

“Es muy importante darles a los políticos del PP”

La Guardia Civil también incluye en ese informe dos cartas manuscritas intervenidas al «comando Vizcaya» en 1997 y atribuidas a «Kantauri» en un informe pericial. «Es muy importante darles a los políticos del PP», se trasladaba a los «liberados» del «comando». La consigna era clara –«cualquier político del PP es objetivo»–, aunque se insiste «sobre todo» en el «secuestro de concejales».

En una segunda misiva, se recalcan esas directrices: «Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza. Pero tener en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza».

Esas notas, sin embargo, fueron redactadas después del atentado contra Ordóñez. Una como muy pronto en mayo de 1997 –que se plasmó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco–, y la otra a principios de septiembre, según se encargó de aclarar al juez el Instituto Armado a instancias de la Fiscalía. Pero para la Guardia Civil son reveladoras de que «Kantauri» daba «órdenes e instrucciones a miembros “liberados” de ETA integrantes de “comandos” armados establecidos en el interior de España» con el objetivo de que «hiciesen un esfuerzo para atentar contra miembros de partidos políticos, especialmente los pertenecientes al Partido Popular».

Y es que los autores del informe defienden que «tanto las informaciones iniciales como los medios materiales» para atentar contra Ordóñez «fueron suministradas al “comando” por la dirección de ETA desde Francia a través de “Kantauri”, quien las habría hecho llegar a los integrantes del “comando”».

Era en definitiva esa cúpula integrada por los cinco investigados –defienden– la que «decide qué es lo que hay que hacer, en qué momento y qué “comandos” serán los encargados de materializar las órdenes». Ahora, tendrá que ser el juez el que decida si esos indicios son suficientes para hacerles responsables del asesinato.